Archivado el caso del inmigrante muerto en el tajo y abandonado en un centro de salud
El cadáver fue abandonado en diciembre de 2019 el centro de salud de Pozo Alcón, donde lo trasladó el dueño de la finca de aceituna en la que se encontraba trabajando sin documentación en regla
Olivares de la provincia de Jaén. / Radio Jaén
Jaén
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cazorla ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo del caso del inmigrante temporero, de 31 años, cuyo cadáver fue abandonado en diciembre de 2019 el centro de salud de Pozo Alcón. El cuerpo sin vida del hombre fue trasladado hasta el lugar por el dueño de la finca de aceituna en la que se encontraba trabajando el fallecido sin que tuviera contrato de trabajo ni documentación en regla.
Según el auto, la jueza señala que decreta el sobreseimiento provisional "al no existir indicios sólidos y suficientes de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores".
El archivo de la causa, según detalla la agencia de noticias Europa Press, llega después de que el juzgado esperara durante ocho meses el informe de la Inspección de Trabajo en el que se concluía que no se habían producido incumplimientos vinculados a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que, por tanto, en lo ocurrido no había delito contra la seguridad e higiene en el trabajo.
La juez remitió dicho informe a Fiscalía, que también determinó el sobreseimiento y archivo por considerar que no había indicios de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.
En virtud a todo ello, la jueza señala en su auto de archivo que, tal y como ha sostenido el Ministerio Fiscal, "no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de delito alguno por parte del investigado". También alude al informe de la Inspección de Trabajo en el que se concluye que no se aprecia relación directa "entre el fallecimiento y el incumplimiento de la condiciones materiales en aplicación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".
Según señala la jueza, se trata de "meras infracciones administrativas" que hay que diferenciar de ilícitos penales.
El empresario, un vecino de Hinojares, de 34 años, fue detenido por la Guardia Civil que le imputó inicialmente un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y que quedó en libertad a la espera de que lo llamara a declarar la responsable del juzgado. En su momento, se tomó testimonio a los familiares del fallecido y se les hizo el ofrecimiento de acciones por si querían intervenir como parte en la causa, pero no lo han hecho.
El auto aún no es firme y puede ser recurrido, aunque todo apunta a que el empresario solo se enfrentaría a las sanciones administrativas que se le impongan desde la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
