Cantallops: "Díaz Alperi dijo que boicoteábamos el documento y queríamos imponer nuestros criterios"

Alicante

En la Audiencia Provincial, dentro del juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante, este miércoles sí se ha podido escuchar el testimonio del que fuera primer arquitecto del Plan, Lluis Cantallops, a quien se le rescindió el contrato en febrero de 2007 sin que llegara a terminar el planeamiento urbanístico.

Cantallops ha señalado que las discrepancias con los exalcaldes Díaz Alperi y Sonia Castedo fueron "por cuestiones de edificabilidad". Ha confirmado que él cumplió su trabajo y se llegó a publicar un avance del documento, al que solo le hubieran quedado los trámites de adaptarlo a la nueva Ley Valencia Urbanística pero que este "no era del gusto de los políticos".

La declaración de Cantallops por videoconferencia estaba prevista para el lunes, pero se suspendió por problemas técnicos.

Hoy, a preguntas del fiscal y de las acusaciones del caso, ha explicado que participó en una reunión convocada por el Ayuntamiento con empresarios urbanizadores para que conocieran un primer diagnóstico de la situación urbanística de Alicante y que en principio, no tuvo "problemas" con los políticos. Pero cuando presentó su avance del plan, la relación con el entonces alcalde Díaz Alperi, se volvió "muy compleja", dice.

Recibió una carta del entonces gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, para excluir los sectores de Pino Ruaya y Rabasa y él incluyó parámetros al respecto, que "no estaban confrontados con los del ayuntamiento". Según Cantallops, Díaz Alperi dijo que el equipo redactor estaba boicoteando el documento, que quería imponer sus criterios y que Rabasa preveía 8.000 viviendas oficiales. Cuando en junio de 2005 dicho Plan Rabasa se presentó en una mesa redonda del Colegio de Arquitectos, él, Cantallops, mostró su desacuerdo con el contenido sobre todo con el número de viviendas a construir, ha señalado.

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Afirma que Díaz Alperi dijo que su previsión de crecimiento de Alicante "no se correspondía con la realidad", porque "no había entendido la importancia del turismo" y que empezó a "salpicar" los medios de declaraciones donde cuestionaba el trabajo de su equipo.

También ha destacado Cantallops que la decisión de rescindir su contrato fue tomada de forma unilateral por el Ayuntamiento y no se produjo hasta 2007, después de "un largo periodo de inactividad". En ese tiempo, supone que el Ayuntamiento estuvo debatiendo dicha rescisión mientras él se ocupaba de otro contrato previo que tenía al de la redacción del plan: el de la redacción de la operación integrada del soterramiento del ferrocarril.

Hoy también están declarando en la sala tercera otros testigos, entre ellos: el empresario Vicente Pérez Cañas, Elena Cremades, por videoconferencia, el empleado de Enrique Ortiz: Javier Pérez Ripalda, Marino Sáiz, Julián Zamora, Alfonso Miguel Cerdán y Rafael Ballester.