El cártel del transporte escolar encareció el coste hasta un 20% para las arcas públicas
El director del servicio de Consumo y Arbitraje, César López, dice no tener miedo a que se sancione a estas 33 empresas con la prohibición de ser contratadas por la Administración Pública: "Seguramente llevará a una reordenación del mercado"
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Transporte escolar / FEDRINTRA - Archivo (EUROPA PRESS)
![Transporte escolar](https://cadenaser.com/resizer/v2/SR7PSVEK75KSZPVVJY4DPAORP4.jpg?auth=92da8e71519b4eaafbf6431bc3b0849101415f70caf3d20d7f62b5f4f69a90a2)
Pamplona
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha propuesto sancionar a 33 empresas de transporte con multas económicas por valor de 3,36 millones de euros y la prohibición de ser contratadas por la Administración Pública -durante periodos que oscilan entre los 10 meses y los 5 años- por haber creado una trama para amañar los concursos públicos de Educación repartirse las rutas de transporte escolar -del alumnado de Primaria y ESO- entre ellas. Además, ha propuesto sancionar con 15.000 euros a la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística (ANET) por considerar que ha actuado como articulador de este acuerdo. La trama es ya conocida como el cártel del transporte escolar.
El director del servicio de Consumo y Arbitraje, César López, ha explicado que "en una licitación, se compite bajando precios y ofreciendo una mayor calidad en la prestación de los servicios. ¿Qué pasa con esto? Al repartirse las licitaciones y no competir las empresas entre sí, lo que han hecho es generar un perjuicio para las arcas públicas. Si nos pusiéramos en que se podría producir un 15-20% de baja en los precios de salida de las licitaciones, pues el coste para las arcas públicas estaría siendo un 20% superior -a veces podría ser más- sobre el coste que debería haber sido".
Ahora, la Junta Central de Contratación deberá decidir si finalmente aplica o no a estas empresas estas multas económicas y la prohibición de ser contratadas por la Administración Foral. Si se llegara a aplicar esta prohibición, López asegura que no habría ningún problema en contratar a empresas de otras Comunidades Autónomas.