El acuerdo entre la FEMP y el Gobierno que libera parte de sus remanentes desata diferencias entre municipios
El acuerdo se ha tomado esta mañana y el voto de calidad del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha sido imprescindible para inclinar la balanza a favor del mismo
Ayuntamiento de Oviedo, uno de los que se oponen al acuerdo alcanzado entre la FEMP y el Gobierno de España / Jesús Martín
Oviedo
La falta de consenso en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en torno al acuerdo con el Gobierno de España sobre los remanentes de los ayuntamientos tuvo su reflejo en los consistorios asturianos. La Junta de Gobierno de la FEMP ha aceptado la propuesta del Ministerio de Hacienda para liberar ese dinero, pero ha sido con el voto en contra de Ciudadanos, el PP y JxC, y gracias al voto de calidad del presidente de la entidad, el socialista, Alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Se autoriza así a los ayuntamientos a disponer del 35 por ciento de su remanente, unos 5.000 millones de euros, siempre que pongan el resto a disposición del ejecutivo central que también establece, de alguna forma, la finalidad de los fondos liberados que tendrán que repartirse los consistorios que se adhieran al acuerdo. La voz de los alcaldes asturianos del Partido Popular, contrarios al trato, la puso este mediodía en Radio Asturias, desde Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, que lo considera una afrenta y un expolio que se burla de los municipios que han cumplido con sus presupuestos y ajustados sus números para poder generar esos ahorros.
El Secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE y Alcalde de Corvera, Iván Fernández, cree, en cambio, que estamos ante el mejor acuerdo posible, que desbloquea parte del remanente municipal para realizar obras e inversiones, liberando a los ayuntamientos del yugo que suponían las restricciones de la Ley Montoro, el ministro del PP que prohibió a los consistorios gastar libremente sus remanentes y superávit.
Además, dicen los socialistas, abre el camino a la firma de un acuerdo de financiación municipal, paralelo al autonómico y a la participación de los municipios en el reparto de los fondos de reconstrucción vinculados a la crisis económica y sanitaria provocadas por la Covid-19, que la Unión Europea asignará a España.
