Los afectados por el incendio de Barchín del Hoyo denuncian expolio en la tala de la madera quemada

Barchín del Hoyo

El próximo 30 de julio se cumplirá un año de uno de los incendios más importantes ocurridos en España el año pasado. Este afectó a los municipios de Barchín del Hoyo, Gabaldón, Piqueras del Castillo y Valverdejo, devastando más de 2.500 hectáreas de pinar maderable.

Tras el incendio, a instancias de la Junta de Comunidades, los cientos de propietarios afectados procedieron a pedir autorización para la tala del pinar quemado a la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible. Esta Delegación expidió un condicionado donde se especificaban las características en las que debía llevarse a cabo el aprovechamiento forestal correspondiente a la madera quemada, excluyendo las “zonas de vegetación no afectadas por el incendio”, pues estas deberían ser respetadas y no actuar sobre ellas.

Los múltiples propietarios aseguran en el comunicado de prensa que contactaron con varias empresas madereras, obteniendo siempre ofertas muy inferiores al precio normal de la madera intacta, entre 5 y 6 veces menos. A día de hoy, gran parte del bosque quemado ya ha sido retirado, pero para sorpresa e indignación de los afectados, algunos maderistas no han cumplido el condicionado impuesto por la Junta. Los afectados declaran que han podido comprobar cómo, dentro del perímetro del incendio, determinadas empresas han cortado “a matarrasa” tanto áreas calcinadas como aquéllas donde el impacto del fuego fue menor y muchos árboles habían sobrevivido.

La asociación asegura que la tala indiscriminada de las áreas supervivientes supone un gran daño medioambiental dado que perjudica aún más la recuperación del bosque quemado. Pero también supone un importante perjuicio económico puesto que estos maderistas están pagando esta madera verde a precio de madera quemada.

Por ello, la Asociación de Propietarios Afectados por el incendio de Barchín del Hoyo reclama y exige a la Junta de Comunidades un exhaustivo control y supervisión del aprovechamiento forestal de la madera quemada, para que se respete el condicionado impuesto por la propia administración. Todo ello con el fin de evitar el expolio que algunas empresas están realizando en la zona del incendio.

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