El Ayuntamiento de Jaén llevará la próxima semana a pleno la nulidad definitiva del contrato con Castillo
El objetivo es anular el decreto de 2005, en la etapa del popular Miguel Sánchez de Alcázar, por el que se renovó el contrato por 25 años más
Un autobús urbano recorre el Paseo de España de la capital. / Europa Press
El Gobierno local de Jaén (PSOE-Cs) ha convocado para este lunes una comisión informativa de Contratación y Presidencia como paso previo al Pleno extraordinario que se prevé celebrar la próxima semana y en el que se declarará la nulidad definitiva del contrato con la empresa Herederos de José Castillo, encargada del transporte urbano en la ciudad. Se pretende anular el decreto de alcaldía del 25 de julio de 2005, en tiempos del popular Miguel Sánchez de Alcázar, de ampliación por 25 años más del contrato con esta compañía jienenses. Será el último trámite para poder licitar este servicio por primera vez en seis décadas.
El paso se da después de que el pasado mes de abril el Consejo Consultivo Andaluz avalara en un dictamen la postura del gobierno local de "iniciar el expediente de revisión de oficio de nulidad de este contrato, un contrato de hace más de 60 años" tal y como indica el concejal de Control de Concesionarias, Francisco Lechuga. Se avala la decisión municipal de revisar el acuerdo que "es nulo de pleno derecho porque no se ha licitado nunca".
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De esta forma, lo que se pretende desde el gobierno local es proponer la licitación pública de este servicio siguiendo los mecanismos establecidos por la directiva europea en materia de transporte urbano de viajeros y por la Ley de Contratos del sector Público. También se recogerá en el acuerdo el facultar la alcalde, Julio Millán, para el nombramiento de interventores técnicos para llevar a cabo el proceso de liquidación del actual contrato.
El gobierno local ha asegurado haber optado por la licitación del servicio y no por otras fórmulas como su recuperación y explotación por medios municipales debido a la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento y a su incapacidad por imperativo legal de poder realizar las inversiones que conllevaría una remunicipalización del servicio de autobús urbano.
Informe del Consejo Consultivo
El dictamen del CCA es vinculante y rechaza que el Ayuntamiento deba indemnizar a Castillo, la empresa que viene prestando este servicio de manera ininterrumpida desde 1961 sin someterse a ningún tipo de procedimiento administrativo público de licitación. Se establece que la transformación del concierto de 1961 en concesión en 1967 ya fue "nula de plena derecho" por "no existir un proceso de contratación".
El consistorio ya ha adjudicado los trabajos para la elaboración un informe de diagnóstico y la redacción del pliego de prescripciones técnicas del que será el futuro servicio de transporte urbano de la capital. Además, se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un contrato de emergencia que sea puente con la licitación definitiva del servicio y que permita seguir prestando el servicio de manera temporal. El propio regidor viene señalando que la ciudad podrá contar con el servicio de transporte urbano adjudicado en 2021.
