Los ayuntamientos de la Bahía tienen estancados sus planes de locales de acción por el clima

Cádiz

Cuando en pleno confinamiento nos asomábamos a la ventana o al balcón, todos nos sorprendíamos por la forma en la que la naturaleza recobraba el pulso. Los cielos lucían despejados de humo y neblina, todos los indicadores señalaban un notable descenso en los niveles de contaminación y celebrábamos la mejoría en la pureza del aire que respirábamos. Con el regreso de la actividad, como era de esperar, la polución y la huella de carbono han vuelto a las cifras anteriores.

La concienciación por frenar el cambio climático tomó forma cuando los ayuntamientos de la provincia adquirieron el compromiso de elaborar, cada uno, un Plan Local de Acción por el Clima. Un documento que plasmase, en tres direcciones, qué iba a hacer la administración local en los próximos diez años para parar la degradación del medioambiente.

Esos planes deben estar vertebrados por tres pilares. El primero es la mitigación; dejar por escrito el firme compromiso de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y las medidas que contribuirían a rebajarlos en los sectores del transporte, residuos, comercio y turismo al menos un 18%, que es lo que indica la legislación andaluza.

En segundo lugar, el plan tiene que contemplar las acciones a desarrollar para mitigar la enorme degradación que sufrirán las costas gaditanas con el nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos. El tercer pilar que debe incluir es el de la comunicación, la difusión y la concienciación entre la ciudadanía para hacerle ver cuán importante es esta tarea.

Sobre el papel todos los firmaron. En la realidad, según Ecologistas en Acción, ningún consistorio de la Bahía de Cádiz ha hecho nada -o prácticamente nada-. Son planes que, según el portavoz de la asociación Daniel López Marijuán, tienen que estar "elaborados y aprobados en enero de 2021 según la Ley de Cambio Climático andaluza" y que además deben de desarrollarse "de forma participativa, con las propuestas de la sociedad civil". A estas alturas, el ecologista apunta que "acumulan un retraso considerable", puesto que ninguno ha dado pasos en esa dirección. 

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Hay que destacar que las administraciones locales son fundamentales en la crisis climática, puesto que de ellos, y de su proximidad con los ciudadanos, depende la concienciación social. Además, el conocimiento de su municipio les convierte en actores fundamentales para desarrollar medidas efectivas.

López Marijuán señala que muchos consistorios han puesto como explicación "el confinamiento". Un argumento que no considera válido, puesto que la fase de participación -que es fundamental- se podría haber iniciado mucho antes y, llegado el caso, de manera telemática. De hecho, ha afeado que el Ayuntamiento de Cádiz "no haya convocado en cuatro años el Consejo Local de Medio Ambiente".

La organización elaboró una guía metodológica para elaborar estos planes y que los ayuntamientos pudiesen seguir un proceso pautado para facilitarles el trabajo. En el marco del seguimiento de la puesta en marcha de estos planes, la asociación ha contactado -o intentado contactar- con los seis consistorios de la Bahía, y ninguno, o casi ninguno se salva.

En Cádiz capital, dice López Marijuán, "nos hemos puesto en contacto con ellos y nos dicen que están trabajando activamente en el tema, pero lo cierto es que no hemos visto ningún tipo de señal". Asegura que la disposición "es buena", de hecho el alcalde, José María González, es responsable de Transición Energética, algo "que sería una oportunidad magnífica, pero hasta ahora no ha habido una sola cita o reunión para empezar a trabajar", lamenta el portavoz.

Más de lo mismo en Rota. "Han mostrado disposición, el alcalde Javier Ruiz Arana es sensible con la puesta en marcha de la participación, pero por ahora no hemos visto que se hayan dado pasos hacia adelante". En la misma línea está Puerto Real, según el ecologista, que ha relatado que mantuvo una reunión con los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo y que, si bien mostraron la disposición, "aún no se ha dado ningún paso".

La situación de El Puerto de Santa María es la peor. Dice Daniel López Marijuán que allí "han pinchado en hueso absolutamente" porque, ni el alcalde Germán Beardo ni los concejales responsables "nos han recibido siquiera, a pesar de que pedimos una entrevista".

El panorama es radicalmente opuesto en San Fernando, que podría decirse que es el único que se salva, aunque tampoco haya iniciado aún el proceso de participación necesario para la elaboración del plan, según el ecologista. "En San Fernando nos entrevistamos el verano pasado con la alcaldesa Patricia Cavada y su equipo, y están comprometidos. De hecho les hemos propuesto una jornada de debate de cambio climático a nivel municipal y todo apunta que se celebrará en octubre, pero también les hemos requerido que inicien ya el proceso participativo".

"En Chiclana, mal", señala López Marijuán. "Tenemos un contencioso muy fuerte con el PGOU por no cumplir la normativa, y las relaciones con el alcalde son bastante conflictivas". No obstante, dice confiar en que el regidor socialista, José María Román, "se preste a esta labor de realizar el plan de cambio climático".

En definitiva, ninguno ha avanzado seriamente hacia el compromiso que adquirieron y que, además, es doble, puesto que el hecho de haber firmado el Pacto de los Alcaldes también les obliga a tener en enero de 2021 un plan de acción para el clima sostenible.

Habida cuenta del escenario, López Marijuán no esconde su temor de que se den "pasos atrás" en la lucha contra el cambio climático en un escenario que es aún más delicado después de la aprobación del 'Decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva' aprobado por la Junta de Andalucía para simplificar 21 leyes, 6 decretos y otras 10 normas legales andaluzas.

Un "decretazo" que no solo va a tener un coste ambiental "sino también climático, porque podemos volver a cometer errores de pasado al potenciar el ladrillo y los sectores que incrementan las emisiones de efecto invernadero".

"Tenemos una ley de cambio climático a nivel estatal mucho más estricta que la andaluza, y hay compromisos europeos que dan ejemplo. Tenemos objetivos bastante estrictos marcados por el Gobierno de España y por Europa; lo suficiente como para que los ayuntamientos se pongan ya manos a la obra".