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El Instituto de Transición Justa inicia en Castilla y León los procesos para elaborar Convenios de Transición

Los procesos se lanzan para las zonas de Montaña Central Leonesa-La Robla, Guardo-Velilla, Cubillos del Sil-Ponferrada, Bierzo Alto, FaberoSil y Laciana-Alto Sil

Se abre el proceso participativo de los Convenios de Transición Justa / Getty Images

Se abre el proceso participativo de los Convenios de Transición Justa

Ponferrada

Se trata de los procesos de participación pública, paso previo a la elaboración de los Convenios de Transición Justa. Estos procesos permitirán  la identificación de proyectos, inversiones y oportunidades de empleo que garantice la reactivación económica de cada zona

En concreto, se activan los procesos participativos de Montaña Central Leonesa-La Robla, Guardo-Velilla, Cubillos del Sil-Ponferrada, Bierzo Alto, Fabero-Sil y Laciana-Alto Sil, ubicados en las provincias de León y Palencia.

Según la nota publicada por el Ministerio  de Transición Ecológica, estas zonas vienen sufriendo un acusado proceso de envejecimiento y despoblación como resultado de la reestructuración de la minera y el declive de la actividad económica. Además, aquellos municipios en los que cierran minas o centrales sufren un impacto directo económico al dejar de percibir una parte importante de ingresos municipales por impuestos.

El lanzamiento de los procesos de participación es clave de cara a poner estas zonas en el mapa de la transición justa y hacer posible la identificación y atracción de posibles proyectos, inversiones y oportunidades de empleo que garantice la reactivación económica de cada zona, basada en un modelo productivo diversificado y sostenible, generando nuevas oportunidades para las personas, sin dejar a nadie atrás.

Participación de agentes sociales y económicos

En concreto, los procesos participativos se dirigen a los agentes sociales y económicos del territorio, incluyendo Administraciones Públicas, organizaciones sindicales, empresas y organizaciones de los sectores empresariales, pero también universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y demás entidades interesadas o afectadas.

Los procesos de participación permanecerán abiertos hasta el 7 de julio y, de partida, la documentación de los mismos ha sido remitida a un centenar de agentes en cada uno de los procesos. No obstante, se trata de un procedimiento abierto y cualquier entidad o particular interesado puede realizar contribuciones.

Los documentos que acompañan al proceso –la delimitación y diagnóstico preliminar de cada zona y el cuestionario de participación- están disponibles en la web de MITECO. Se trata de un proceso abierto a todas las aportaciones, que serán consideradas para realizar las modificaciones necesarias para que el Convenio se adapte a la realidad de las zonas. Esto incluye la delimitación preliminar que se presenta para cada zona, que no constituye un listado definitivo, dando la oportunidad de proporcionar datos que, en base a los criterios establecidos, permitan la inclusión de nuevos municipios. En este sentido, en base a aportaciones ya recibidas, hemos iniciado un proceso para realizar una revisión técnica de la metodología de delimitación de los Convenios para considerar la inclusión de otros criterios, como el de impacto acumulado por los cierres que se han venido produciendo en las últimas décadas, así como impactos socioeconómicos que vayan más allá del empleo, entre otros criterios. En todo caso, esta revisión debe considerar que los criterios son generales y han de ser aplicables por igual para todas las zonas de España.

En paralelo al lanzamiento de estos seis procesos participativos, el ITJ trabaja en la formalización de los respectivos protocolos de actuación, documentos que recogen el compromiso expreso adquirido por parte del Ejecutivo central, el Gobierno de Castilla y León y los ayuntamientos para trabajar de forma conjunta, y a través de un procedimiento común, en la elaboración de los Convenios. una garantía para los diferentes actores y para los ciudadanos de las zonas afectadas por la transición energética.

También han comenzado los procesos correspondientes a Galicia y Andalucía.

 

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