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Ingreso mínimo vital

El Tercer Sector respalda el IMV ante el aumento de la pobreza que trae la nueva crisis

La Plataforma de acción social estima que alrededor del 15% de la población burgalesa estaba ya en el umbral de la pobreza antes del coronavirus

Pidiendo ayuda en la calle / gettyimages

Pidiendo ayuda en la calle

Burgos

La Plataforma del Tercer Sector de Burgos, después de años reclamándolo, considera muy necesario el Ingreso Mínimo Vital aprobado ayer en el Congreso de los Diputados, para frenar el aumento de la pobreza, que cifra en torno a un 15% de la población en esta provincia, y que esta nueva crisis está agravando. Miguel Santos, presidente de esta Plataforma que agrupa a una treintena de asociaciones burgalesas dedicadas a la asistencia social, admite que la aplicación del Ingreso Mínimo Vital puede tener algunos riesgos y debe estar enfocado a la inserción social y laboral.

Juntos, más fuertes: Plataforma del Tercer Sector

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Miguel Santos apuesta por reforzar los programas de respaldo a colectivos vulnerables y espera que las administraciones públicas, que también arrastrarán muchos gastos por las derivadas económicas de la pandemia, no recorten los fondos que destinan a la acción social, porque algunas de las consecuencias de la crisis del COVID-19 será el incremento del riesgo de exclusión social, las desigualdades, los conflictos familiares y la pobreza. Los profesionales de estas asociaciones han detectado más violencia doméstica, menores y mayores más vulnerables, necesidad de conciliación y precariedad económica e inseguridad laboral.

La atención personal y el seguimiento de los usuarios de programas sociales ha sido compleja durante el confinamiento, asegura el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, por las peculiares problemáticas que abordan y el difícil acceso a la tecnología digital. La consultora AIS Group, en un estudio reciente, ha cifrado en un 17,1% el porcentaje de familias en riesgo de pobreza en Burgos de cara a la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Es la segunda provincia de Castilla y León con mayor población de riesgo, después de León, que tiene un 17,9%. La que menos, Palencia con un 13,8% de sus ciudadanos en el umbral de la pobreza.

 
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