El PSOE recurrirá ante el TC el fondo y la forma del decreto de simplificación de la Junta

Sevilla

El PSOE de Andalucía ha presentado este lunes el recurso que de la mano de 50 senadores va a elevar al Tribunal Constitucional (TC) contra "el fondo y la forma" del "mal llamado" decreto de simplificación de la Junta --el decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía--, que, a su juicio, constituye "un fraude normativo y parlamentario, un fraude jurídico y político".

En una rueda de prensa telemática, el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento Manuel Jiménez Barrios, junto a la presidenta del PSOE-A y senadora, Micaela Navarro, y el portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Cámara alta Javier Aragón Ariza, ha defendido que el partido recurre este decreto al entender que "no concurren las circunstancias que avalan el que se recurra" a ese procedimiento legislativo porque "no hay ni extrema ni urgente necesidad", y, además, se convalidó en "un órgano con la representatividad de los ciudadanos mermada" como la Diputación Permanente del Parlamento.

Jiménez Barrios ha explicado que el dictamen jurídico de este recurso ha sido obra de la catedrática experta en Derecho Constitucional Ana Carmona, que ha realizado "una profundización de las razones" de los socialistas para este recurso.

En concreto, y según ha detallado, el recurso de los socialistas se fundamenta en causas "de índole sustancial" y de "naturaleza formal". En el primer caso, porque entienden que el decreto-ley no se ajusta a la concurrencia" de las circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifican que se recurra a ese procedimiento legislativo, y hay razones de "naturaleza formal" por su convalidación en la Diputación Permanente en "abierta vulneración de la normativa que rige" dicho procedimiento.

Jiménez Barrios ha apuntado que los socialistas pueden estar "de acuerdo" con planteamientos del decreto como "acortar los plazos en la tramitación de un plan general de ordenación urbana", pero ha criticado que, "al mismo tiempo y de rondón", desde el Gobierno andaluz "cuelan una serie de modificaciones" de normas y decretos que los socialistas rechazan.

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"DERIVA ULTRALIBERAL" DE LA JUNTA

En esa línea, ha acusado a PP y a Ciudadanos (Cs), "apoyados por Vox", de haber "metido a Andalucía en una deriva ultraliberal, conservadora" que utiliza a la comunidad como "vanguardia de esas políticas", y de legislar con "decreto tras decreto, sin participación ciudadana".

En esa línea, el portavoz socialista ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de ser el "más opaco y menos transparente de la historia de la autonomía andaluza", y de mostrar una "manifiesta aversión a la tramitación de leyes".

Los socialistas entienden que la vía seguida por el Gobierno andaluz "contribuye a la degradación del Parlamento, a parodiar la institución clave del sistema democrático, máxime cuando el contenido del decreto ley en buena medida dinamita el ordenamiento jurídico andaluz", teniendo en cuenta "el número de leyes y el contenido de las mismas objeto de modificación".

En esa línea, Jiménez Barrios se ha preguntado cuestiones como "para quién resulta urgente, necesaria e imprescindible la legalización de emisoras de radio piratas; qué imprescindibilidad para el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad tiene el cambio del régimen sancionador de la Ley Audiovisual de Andalucía, amnistiando sanciones millonarias", o "dónde quedan los objetivos de desarrollo sostenible, y la 'autoproclamación de gobierno verde' con la desaparición de restricciones medioambientales".

"¿Qué intereses prevalecen en las modificaciones producidas, el interés general o intereses particulares?", se ha preguntado Jiménez Barrios.

"BARBARIDAD JURÍDICA"

Por su parte, Micaela Navarro ha tildado el decreto de "barbaridad jurídica" que el "Gobierno de las derechas" en Andalucía ha aprobado en medio de "una pandemia sanitaria, social y económica, de rondón y con un atajo legislativo de dudosa validez", según ha sostenido antes de subrayar que ha suscitado además el "rechazo unánime" de diferentes colectivos y ONG.

"Lejos de simplificar, viene más bien a complicarle la vida a los andaluces conduciéndolos a una inseguridad jurídica en infinidad de trámites burocráticos, eliminando 21 leyes y seis decretos, sin consenso y sin participación", y tras ser "aprobado en la más absoluta opacidad institucional y por vía urgente sin ser urgente".