La Audiencia Nacional confirma que se cometió una infracción muy grave en la encuesta fallera de 2017

Valencia

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de València contra la sentencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que concluyó que la encuesta fallera de 2017 incurrió en una infracción muy grave"al haber tratado los datos de ideología y religión de los afectados participantes en dicha encuesta, sin contar con su consentimiento expreso, escrito e informado".

En la encuesta fallera de 2017 participaron 1.100 personas de forma telemática y se les pidió sus datos personales, como el número de teléfono. Entre las preguntas, se incluían algunas sobre la orientación religiosa, política o sobre los sentimientos de pertenencia a la Comunitat Valenciana o a España.

La Audiencia Nacional concluye que los Servicios de Inspección de la AEPD han acreditado que en las encuestas en que se recabaron datos personales de los encuestados no consta su consentimiento expreso mediante su firma, sin que tampoco figure en los formularios casilla alguna para que los encuestados pudieran manifestar su consentimiento expreso y por escrito.

Los magistrados explican que, aunque la información recogida se registra "en dos ficheros distintos, al tener un identificador común, puede asociarse a personas físicas identificadas, al menos hasta que se efectuaron las validaciones y se destruyó el fichero de datos personales". Por ello, asegura que "se han tratado datos personales especialmente protegidos sin que conste el consentimiento expreso y escrito de los afectados".

Fuentes municipales aseguran que la Audiencia Nacional no impone ninguna multa al Ayuntamiento de València y defienden este informe por la obligación que tienen de proteger la fiesta que, recuerdan es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Algo que, apuntan, se consigue profundizando en el conocimiento sobre la propia fiesta desde vertientes tan diversas como la sociológica.

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El Ayuntamiento explica que la encuesta se encargó a una empresa profesional y líder en su sector, confiando en que se utilizaría la metodología oportuna. Aclara que en ningún caso se publicó ningún tipo de información de carácter personal de las personas encuestadas.

Críticas de la oposición

La portavoz municipal del PP, María José Catalá, asegura que este fallo demuestra que el Gobierno de Ribó "quiso politizar el mundo fallero" y considera un "capricho" del alcalde recurrir la sentencia hasta la Audiencia nacional.

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, también critica que esta sentencia confirma el afán adoctrinador de Ribó que, asegura, ha sido constante desde 2015. Giner considera lamentable que se haga una encuesta y se utilicen datos de personas sin su consentimiento.