Las 140 víctimas gallegas de Coté siguen a la espera del juicio 12 años después
El Supremo ha condenado al falso médico a cutaro años y medio de cárcel por sus actividades en Castellón
Coté a las puertas del juzgado / Domenech Castelló (EFE)
A Coruña
La Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al falso médico de Ferrol, José Manuel Pérez, Coté, a cuatro años y medio de prisión por intrusismo y estafa en sus actividades en una clínica de Vinarós, Castellón.
Los afectados en Galicia, a espera de juicio
Los 140 afectados por el caso Coté en Galicia continúan a la espera de juicio desde hace 12 años. Tras dos aplazamientos la vista oral estaba prevista para el 2 de abril en la Audiencia Provincial de A Coruña. El retraso judicial por el impacto del coronavirus ha hecho que se quede sin fecha.
La Fiscalía pide 334 años de cárcel para Coté en el sumario gallego por delitos de intrusismo, estafa y falsedad, por un homicidio por imprudencia grave, por lesiones con deformidad y por 63 lesiones con instrumento peligroso. Los afectados esperan que el dictamen del Supremo siente precedente para el caso gallego, una vez se celebre el juicio.
Esther Fontán, presidenta de la Asociación de Afectados en Galicia, incide en la importancia de poner nueva fecha: "Creo que después de 12 años más de 140 personas necesitamos pasar página que la audiencia ponga fecha para ese tan deseado juicio, olvidar va a ser imposible pero que al menos podamos vivir con la tranquilidad de que se ha hecho justicia".
En febrero de 2008, Coté era detenido en Ferrol por ejercer de médico sin tener titulación y provocar lesiones entre parte de sus pacientes. Quedó libre tras seis meses en prisión. Entonces se trasladó a Castellón donde abrió la clínica por la que ahora ha sido condenado.
El Tribunal Supremo ha condenado también a cuatro años y medio de cárcel a otro falso médico que ejercía con él en Castellón. Insiste el Tribunal en que los condenados excedían el ámbito de actividad de la medicina alternativa. Reconoce indemnizaciones por 137.000 euros para 22 perjudicados, la mayoría por daños morales.
