Unas 300 personas se concentran en Valladolid para pedir la dimisión de Sánchez
La Delegación del Gobierno en Castilla y León prohíbe las manifestaciones anunciadas por Vox para el día 23 en las nueve capitales de provincia por riesgo para la salud pública
Un momento de la concentración en Valladolid / ICAL
Valladolid
Alrededor de 300 personas se concentraron esta tarde, a las 21 horas, en el centro de Valladolid para exigir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia y para expresar su rechazo a la solicitud de una nueva prórroga del estado de alarma, en esta ocasión de 30 días.
La convocatoria, que circuló a lo largo de la tarde por redes sociales, reunió a numerosas personas en la zona de la calle General Ruiz y Dos de Mayo, emulando las movilizaciones de los últimos días en el barrio de Salamanca de la capital de España. Muchos de los asistentes lucieron la bandera de España, y otros quisieron protestar con una cacerolada, que muchos siguieron desde los balcones de sus casas.
Bajo el hang tag #GobiernoDimisión, muchos ciudadanos expresaron su rechazo a las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo central y sus quejas por el hecho de que Valladolid, junto a numerosas localidades de Castilla y León, sigan sin entrar en la fase 1 de desconfinamiento, como también ha ocurrido en Madrid y Barcelona.
Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, a través de sus nueve subdelegaciones, notificó ayer tarde la prohibición de celebración de manifestaciones previstas para el día 23 de mayo en las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, comunicadas en nombre de Vox.
Las resoluciones se basan en los informes desfavorables recabados a la vista de las comunicaciones, entre los que destaca el de los Servicios Territoriales de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en el sentido de que la manifestación puede suponer un riesgo para la integridad física tanto de los participantes en las mismas como de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, al existir una acumulación de personas.
Por el mismo motivo, señalan los informes, "en tanto se mantenga el estado de alarma en las condiciones actuales y con independencia de las medidas propuestas en las comunicaciones, la celebración de las manifestaciones podría suponer un peligro para la Salud Pública al ser una posible fuente de propagación del virus".
En las resoluciones se recuerda que, si bien el derecho de reunión es un derecho fundamental, reconocido por el artículo 21 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el artículo 10 de esta última otorga la competencia para limitar o prohibir la reunión o manifestación a la autoridad gubernativa, "ante la existencia de razones fundadas que puedan producir alteraciones de orden público con peligro para personas y bienes".
El derecho no tiene carácter absoluto, sino "unos límites determinados por el derecho de los demás ciudadanos a ser respetados en sus derechos e intereses, lo que hace entrar en juego la potestad y el deber del poder público de garantizar la seguridad, y el orden general", algo que rubrica el artículo 11.2 del Convenio Europeo de derechos humanos y libertades públicas, que posibilita restricciones o limitaciones motivadas, entre otras, en razones de salud pública.
Al criterio sanitario se unen, además, diversos informes policiales en los que, teniendo en cuenta los itinerarios previstos en las comunicaciones se recuerda que las capitales de Castilla y León continúan en la FASE 0 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril de 2020, por lo que no son de aplicación las medidas de flexibilización de carácter social recogidas en la Orden SND/386/2020.
Los convocantes dejan la convocatoria “abierta a todos los ciudadanos”, por lo que "puede producirse una gran afluencia de personas que impida el distanciamiento social apropiado para evitar la transmisión de la enfermedad", como señala, por ejemplo, el informe de la Policía Nacional de Valladolid, que considera que "se podría poner en riesgo la salud de los participantes así como de los funcionarios policiales, desplegados como garantes del desarrollo del acto, así como personas que se hallaran por las inmediaciones dentro de los puntos previstos por la normativa vigente referida al Estado de Alarma”.
