Rincón: "Vamos a agotar todas las vías legales para demostrar que se hizo por el bien de los vecinos"

Ciudad Real

El alcalde de Puebla de Don Rodrigo, el socialista Venancio Rincón, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Ciudad Real a 9 años de inhabilitación para ejercer cargo público por prevaricación administrativa por la adjudicación de unas obras.

Venancio Rincón ha asegurado a la Cadena SER que va a presentar recurso y se van a agotar todas las vías legales. De momento, dice, no tiene pensado presentar su dimisión como primer edil de la localidad.

Según recoge la sentencia, los tribunales consideran probado que se ordenaron contrataciones desde el Ayuntamiento sin seguir el procedimiento administrativo adecuado y en contra de los informes técnicos municipales que advirtieron de que podía haber contratos que excedías los 30.050 euros, cuantía hasta la que se consideran menores.

Rincón ha sido condenado pro las actuaciones de contratación llevadas a cabo para la construcción del tanatorio municipal, por unas obras que ascendían a 310.000 euros sin IVA, tres veces más que lo presupuestado inicialmente, y que se fraccionaron en una veintena de contratos.

Defiende el todavía primer edil que la forma de realizar estas obras por administración y no sacarlas a concurso público obedecía únicamente a "mirar por las empresas del pueblo y por los obreros parados", en unos años donde "la crisis golpeaba duramente nuestro pueblo y a muchas de nuestras familias".

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Su predecesor actuó de la mima manera

Se da la circunstancia que su predecesor en el cargo, Juan Carlos Araujo, alcalde 'popular' de Puebla de Don Rodrigo entre 2007 y 2011,  también ha sido condenado por hechos similares; en este caso a 7 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Araujo fue condenado el 2 de mayo del año pasado, pero tras recurrir no fue hasta diciembre de 2019 cuando recibió por parte de la Audiencia Provincial de Ciudad Real una segunda sentencia desestimatoria y que respaldaba su inhabilitación por siete años.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Ciudad Real validada por la Audiencia provincial consideraba probado que bajo su mandato se llevaron a cabo diversas obras en el Recinto Ferial y el auditorio municipal de la población, finalizadas en 2008.

Las citadas obras ascendieron a un coste total de 376.497,17 euros, que se justificaron mediante facturas que los proveedores presentaban al cobro al Ayuntamiento, subvencionado en su caso, y sin procedimiento de contratación bajo el pretexto de favorecer a las empresas y vecinos del pueblo y así darles empleo, impidiendo de esa forma que otras empresas pudieran concurrir a la posibilidad de realizar las obras.

En ambos casos han argumentado en sus respectivos juicios que se procedió así para favorecer a las empresas y vecinos del pueblo y así darles empleo, impidiendo de esa forma que otras empresas pudieran concurrir a la posibilidad de realizar las obras.