Sin trabajo, sin sueldo y a punto de perder su casa por el coronavirus

Málaga

Sin trabajo, sin sueldo y a punto de perder su casa en Málaga. Es la situación en la que se encuentran muchos de los que subsistían, en parte, de la llamada "economía sumergida" que antes del Estado de Alarma daba empleo, por ejemplo, a empleadas de hogar, camareros, haciendo chapuzas y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. La Inspección Laboral destapa en la provincia, cada año, de media unos tres mil empleos pagados "en negro".

Según los cálculos de sindicatos y de los técnicos de la Agencia Tributaria, son más de 110.000 empleados en la provincia que actualmente no cuentan con protección o ayuda económica pública.

Es el caso de Nilva Cancerina. Natural de Brasil, con todo el proceso de regularizada si situación en España, empadronada en Málaga y con dos hijos. Trabajaba como empleada de hogar cobrando no más de 600 euros al mes. Desde el inicio de la cuarentena no ha vuelto a trabajar tal como ha relatado en la Cadena SER.

Si situación es dramática. Apenas ha cotizado en los últimos años porque en la mayoría de los empleos por los que ha pasaba se negaban a darle de alta en la Seguridad Social. Ahora logar sobrevivir con sus ahorros y la ayuda que le dan familiares, amigos y conocidos.

La Plataforma de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de la provincia de Málaga, y voluntaria de la ong 'Málaga Acoge' denuncia la situación de desamparo en la que queda este colectivo con la cuarentena. Su portavoz, Laura Guillén, ha detallado en la SER la delicada situación de este colectivo.  Son personas, familias a las que el confinamiento ha dejado sin jornal, pero con necesidades básicas que cubrir.

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Trabajadoras domésticas y cuidadoras de ancianos a las que sus empleadores pagan parte o la totalidad de su jornada "en negro", los que viven de hacer mudanzas, los manteros, las costureras a las que les cierran las fábricas, los jornaleros de la construcción, camareros, artistas callejeros o las prostitutas también quedan desvalidos.

Las familias más vulnerables podrán beneficiarse de las medidas sociales previstas en el decreto de alarma, como impedir que les corten ahora los suministros básicos, pero afrontan desde este mes serias dificultades para llenar la cesta de la compra o el pago del alquiler, explican.

Mención aparte merece el colectivo de las trabajadoras domésticas dadas de alta en la Seguridad Social. Mujeres en su mayoría que estaban ilusionadas ante la posibilidad de que el nuevo Gobierno cumpliera su promesa de ratificar el artículo 189 de la OIT que las saca de un régimen laboral especial y las permitiría generar paro ante un despido. Pero el coronavirus se ha anticipado a la reforma legal, y las ha dejado desamparadas, según denuncian colectivos que las defienden.