La FAMP recrimina a la Junta haber dejado al margen a los municipios en el decreto de simplificación

Málaga

El alcalde de Vélez-Málaga (PSOE) y presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Antonio Moreno Ferrer, ha criticado este jueves el "decretazo" de la Junta de Andalucía por el que se han modificado 21 leyes y 6 decretos que afectan de manera especial a cuestiones relacionadas con la construcción y el turismo. En este sentido, calificado de "absolutamente injustificado que se hayan introducido modificaciones que pueden afectar al futuro de los municipios sin ningún tipo de consenso".

Moreno Ferrer, en declaraciones a la Cadena SER Andalucía, ha explicado que "en estos momentos, en los que debería ser clave el concenso y la participación, este decreto se tendría que haber tramitado por el Parlamento como una Ley donde tengan partipación todos los actores implicados". El regidor de la localidad malagueña, en su calidad de representantes de los alcaldes andaluces en el área de Urbanismo de la FAMP asegura que "yo como municipalista creo que los ayuntamientos deberíamos hacer realizado una aportación puesto que supone una modificación muy sustancial que no deberíamos, a partir de ahora, a recurrir a artimañas legislativas".

"Creo que el gobierno de la Junta de Andalucía se ha precipitado", añade Moreno Ferrer "y esperemos que una vez que pase la pandemia no se vean obligados a modificar unas medidas que, desde nuestro punto de vista, generan dudas jurídicas, y que además -a los ayuntamientos- se nos cuestiona en la toma de decisiones, por ejemplo, sobre la implación de proyectos en suelo no urbanizable o en la reducción de los plazos de tramitación de algunos de los instrumentos de planeamiento", añade el alcalde. "Todo lo referente a la normativa sobre edificaciones supone ahora un problema para los municipios", concluye Moreno Ferrer.

CRÍTICAS TAMBIÉN DESDE CÁDIZ

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Fernando Macías, ha mostrado "satisfecho" por los primeros pasos dados por el Gobierno central para llevar ante el Tribunal Constitucional el "decretazo" de la Junta y ha criticado que "se ha aprovechado que los alcaldes están en primera línea de combate del coronavirus y con escasa capacidad de maniobra de los grupos parlamentarios".

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En este sentido, ha añadido que confía en que el informe solicitado por el Gobierno al Consejo de Estado para ver si finalmente se puede recurrir el Decreto-ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva de Andalucía "sea favorable y se pueda dar marcha atrás en este sinsentido de la derecha andaluza".

"El cúmulo de normas a las que afecta tiene una clara intención del gobierno andaluz de que sus efectos vayan más allá de la reactivación de la economía en época de Covid-19", ha afirmado Macías, que ha añadido que "la terrible situación que viven los pueblos ha sido la excusa perfecta para que la derecha vuelva a rendirse a los intereses de los especuladores, dándole de nuevo la espalda a la necesidad de desarrollo sostenible que tiene la provincia y el resto de Andalucía".

Por su parte, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, "uno de los municipios que más ha combatido en las últimas décadas la especulación urbanística y que podría verse fuertemente afectado por la flexibilización de la normativa andaluza", según IU, ha considerado el decreto "un verdadero despropósito, porque viene a modificar multitud de leyes y decretos sin que esté justificada en ningún momento la urgencia".

Para el alcalde conileño, "el modo que se ha utilizado está fuera de lo común, dada la cantidad de legislación afectada y el calado de las modificaciones que se han realizado vía decreto, es totalmente rechazable".

Además, ha criticado que la tramitación "ha impedido la participación de agentes económico y sociales que se ven afectados de manera directa por los cambios jurídicos y por las reformas llevadas a cabo".

"Tenemos muchas dudas por la legalidad del decreto y su vigencia, se vienen a cambiar cuestiones importantes que tienen que ver con tema urbanísticos, se sustituyen los planes especiales y proyectos de actuación en suelos no urbanizables para diferentes infraestructuras por un mero informe y se eliminan los planes de evaluación ambiental estratégica", ha afirmado.

Para Bermúdez, el decreto de la Junta "abre la puerta a la cultura del ladrillazo y el pelotazo que se ha vivido durante muchos años en Andalucía y que se ha demostrado por activa y por pasiva que no era la correcta".