Más de 50 colectivos pedirán al Defensor del Pueblo que recurra el decreto-ley de la Junta al Constitucional

Córdoba

Más de 50 colectivos sociales se han adherido al escrito elaborado por la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) para pedir al Defensor del Pueblo estatal  que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley 2/20 de la Junta 'de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía'. Un escrito, confirma APDH-A, que se elevará a este órgano el jueves y que cuenta con la firma de asociaciones como el Sindicato de Periodistas de Andalucía, Ecologistas en Acción, Greenpeace o el Colegio de Trabajo Social de Granada. La petición se une a la intención del gobierno central de interponer un recurso a esta norma legislativa, además de PSOE y Adelante Andalucía, que ya lo anunciaron tras su aprobación en el parlamento andaluz. 

Un decreto-ley que, según los colectivos, modifica 21 leyes y 6 decretos y que genera un menoscabo de la protección en numerosos sectores como el sector audiovisual y radiofónico, el urbanismo, el medio ambiente o la participación ciudadana. Y lo hace alegando la necesidad de fomentar la actividad tras el impacto de la crisis del Covid-19 en la economía andaluza.

"Ahora no es el momento de desregular, sino de todo lo contrario, y hacerlo con principios democráticos", ha explicado desde Ecologistas en Acción Juan Clavero. La asociación lamenta que el gobierno andaluz haya aprovechado la actual conyuntura para sacar adelante un decreto-ley sin participación social ni diálogo.

En cuanto a ordenación del territorio, este decreto-ley vuelve a modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar aún más que parcelaciones ilegales puedan "regularizarse". Un eufemismo, a juicio de Clavero, para abrir la puerta a legalizaciones de parcelaciones sin necesidad de acometer una red de saneamiento "como se exige a cualquier urbanización legal", sino a través de fosas sépticas. Además de permitirle el vertido de estos pozos, según Clavero.

En cuanto a los trámites urbanísticos, denuncian que este nuevo marco plantee la herramienta de la declaración responsable para obras "en edificios existentes", licencias de ocupación y funcionamiento de establecimientos y edificios, sujetas a un "control administractivo a posteriori", dice el decreto-ley. Algo que atenta contra cualquier control, según el colectivo ecologista, ya que no hay personal de inspección suficiente en las administraciones. Además de suponer una bajada de ingresos para los ayuntamientos por tasas de licencias.

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En el ámbito urbanístico, el decreto-ley también establece la agilización de proyectos residenciales y comerciales que podrán ser declarados de interés autonómico "saltándose", según Ecologistas en Acción, la autonomía local y los filtros establecidos por la legislación medioambiental y urbanística.