Una sentencia impidió a San Fernando cobrar el IBI a la Iglesia

Cádiz

El Ayuntamiento de San Fernando, gobernado por el PSOE; intentó antes que Cádiz cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia por sus locales, garajes y viviendas que nada tienen que ver con el culto o la enseñanza. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó esa intención durante el anterior mandato municipal, aunque el gobierno local entonces no la hizo pública.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, explicó esta situación en una entrevista en Radio Cádiz el pasado viernes, cuando fue preguntada si, al igual que había anunciado el alcalde de Cádiz, José María González, tenía intención de cobrarle a la Iglesia el IBI por sus propiedades en la ciudad. González había anunciado esa intención para que la Iglesia, al igual que están haciendo otras instituciones, colaborase de forma solidaria en la resolución de la crisis por la pandemia del coronavirus.

"Nosotros ya lo intentamos, aunque no lo hicimos público. Pero una sentencia nos impidió cobrar ese impuesto", desveló. "Creímos entonces y lo creemos ahora que la Iglesia debía colaborar con ese impuesto por locales que tiene arrendados, por ejemplo, para hostelería", añadió. Con todo, Cavada consideró poco oportuno en estos momentos de emergencia general reabrir este debate y litigar, de nuevo, con la Iglesia.

La sentencia a la que hace mención la alcaldesa, y a la que ha tenido acceso la SER, en realidad, no niega la posibilidad de cobrar ese impuesto a la Iglesia por propiedades no dedicadas al culto o la enseñanza. Pero sí precisa que los locales concretos por los que quiso cobrar el Ayuntamiento de San Fernando sí estaban exentos.

La sentencia, de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con fecha de mayo de 2016, en apelación a una previa de 2014 del juzgado de lo contencioso administrativo número de dos de Cádiz, alude en sus fundamentos jurídicos al acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede. Este acuerdo establece la "exención total y permanente de la contribución territorial urbana los templos y capillas, la residencia de los obispos, los locales destinados a oficinas, los seminarios y los edificios destinados a casas o conventos". También libra del IBI a "asociaciones y entidades religiosas sin ánimo de lucro".

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El alto tribunal andaluz señalaba en esta sentencia la jurisprudencia marcada por una sentencia de abril de 2014 del Tribunal Supremo que consideró que la Iglesia está exenta del IBI respecto a los inmuebles de que sean titulares catastrales "siempre que no estén afectos a explotaciones económicas y los que estén afectos a explotaciones económicas cuyas rentas se encuentren exentas del impuesto sobre sociedades".

San Fernando pasó facturas al Obispado por ocho inmuebles y la justicia le dio la razón en que podía hacerlo, pese al recurso de la Iglesia. Lo que sucedió es que en el estudio pormenorizado de esas propiedades el TSJA estimó que o bien la Iglesia no era sujeto pasivo de ese inmueble o bien ese local formaba parte de las exenciones que marca la jurisprudencia del Supremo.

Los locales eran el número 13 de la calle Quevedo, el 5 de Tomás del Valle, el 129 de la calle Real, el de la calle Asturias, el 7 de la calle Escritor Manuel Barrios, los 15 y 18 de Isaac Peral, o el 8 de Lepanto, que, entre otras cosas, eran parroquias, sedes de cofradías u oficinas de Cáritas, de ahí que el TSJA los considerara exentas.

La alcaldesa de San Fernando denunció en su entrevista en Radio Cádiz que la Iglesia había llegado a usar algunos de estos locales con fines hosteleros, de ahí que considerara justo reclamarle el IBI.