CCOO demanda cobertura para los transfronterizos afectados por el cese de actividad en Gibraltar
El sindicato sostiene que las medidas del Gobierno de Gibraltar deben beneficiar a los españoles que trabajan en la Roca
Manuel Triano en una comparecencia. / CCOO
Comisiones Obreras ha valorado de forma positiva el refuerzo de los protocolos de contención aprobados por el gobierno de Gibraltar de cara a afrontar la pandemia de COVID-19 que estamos padeciendo; a la vez que demanda medidas que den cobertura a los trabajadores transfronterizos que van a interrumpir su actividad como consecuencias de las medidas aprobadas por el ejecutivo llanito.
El sindicato considera que las autoridades gibraltareñas deben tener en cuenta, en el diseño de las medidas paliativas del cese de actividad, al conjunto de las personas trabajadoras que prestan sus servicios en Gibraltar, ya sean locales o transfronterizas, conscientes de los escasos mecanismos de cobertura social existentes en la colonia británica.
Desde CCOO consideran que los gobiernos de ambos lados de la Verja deben alcanzar acuerdos para que, en caso necesario, los trabajadores transfronterizos puedan acogerse a las medidas que el gobierno de España ha articulado para los trabajadores españoles afectados por ERTE, y establecer los mecanismos de compensación oportunos entre ambas Administraciones y las modificaciones legales oportunas en Gibraltar para que esto sea posible. Así lo ha señalado, Manuel Triano, secretario comarcal de CCOO.
La Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar también ha pedido al Gobierno del Peñón que adopte medidas para los afectados por el confinamiento decretado por el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo.
Juan José Uceda, portavoz de ASTECG, ha insistido en que "no corresponde al Gobierno de España" conceder esas ayudas y que se pudiese distinguir entre residentes y no residentes, porque "ningún afectado por esta situación, debe dejar de cobrar el 80 % de sus salarios".
Eso sí, Juan José Uceda ha hecho referencia a los trabajadores transfronterizos que no cotizan, como los servicios domiciliarios, pidiendo al Gobierno español que haga algo por ellos.
