Los ayuntamientos podrán destinar parte del superávit de 2019 a financiar políticas sociales

Gijón

La reunión del Consejo de Ministros deja varios aspectos importantes para las autonomías y los consistorios. Dentro del paquete de medidas económicas destinadas a paliar los efectos del COVID-19, el Ministerio de Hacienda ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por un importe de 300 millones de euros. Este importe servirá para financiar un Fondo Social Extraordinario que se transferirá a las comunidades autónomas para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Además, la norma aprobada contempla que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social. Esta medida permite adelantar el uso del superávit para dichas actuaciones y amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles.

Flexibilidad tributaria

El Real Decreto-Ley también contempla medidas de flexibilidad en el ámbito tributario. La norma otorga un mayor margen de respuesta al contribuyente y contempla, en cuanto a la suspensión de plazos en el ámbito tributario, un horizonte temporal a favor del contribuyente que puede superar el de la vigencia inicial del estado de alarma.

Desde Asturias, la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha trasladado a la ministra del ramo, María Jesús Montero, la necesidad de que el Gobierno central defienda ante la Unión Europea la flexibilización de las reglas fiscales para atender el gasto social derivado de la pandemia del nuevo coronavirus.