Adiós a los ponis de la feria

Toledo

El  Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La Mancha, que se remitirá a las Cortes para ser aprobada antes de verano y reemplazar a la normativa obsoleta de 1990. El Consejero Francisco Martínez Arroyo ha señalado que con esta Ley, Castilla-La Mancha se pone “a la vanguardia” en la defensa de los animales y ha confiado en que la normativa salga con el consenso de los tres grupos con representación en las Cortes.

Entre otras medidas novedosas, deja de considerar a los animales como cosas y sí como seres "que sienten"; afecta a todos los animales y no sólo a los domésticos como la ley vigente; quedan excluidos los que tienen una regulación concreta, al margen de esta ley, como los que participan en los espectáculos taurinos y los de producción ganadera; fomenta la tenencia responsable, recorriendo de forma transversal todo el articulado. 

Incluye prohibiciones generales y concretas como son la mutilación estética, el sacrificio o matanza, mantenimiento de los animales atados o encadenados, la donación de animales con fines publicitarios o premio, la participación de especies de fauna silvestre en circos y fiestas populares, el empleo de animales atados en atracciones de feria, en peleas y el disparo o agresión. 

La ley pretende lograr el sacrificio "cero" pero si es necesario y de manera excepcional habrá eutanasia prescrita y realizada por un veterinario. En cuanto a la identificación animal, simplifica el tramite, con un único registro que llevará el Consejo de Veterinarios de Castilla La Mancha.  El proyecto también incluye normas sobre divulgación, educación y formación en materia de protección animal, creándose un Consejo Asesor.  Ademas se facilitará el acceso en transportes públicos, hoteles y restaurantes. 

Las sanciones, que todavía estaban en pesetas, pasan a euros con un máximo de 60.000 euros para evitar cualquier maltrato. 

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El proyecto de ley ha recibido más de 1.000 alegaciones de 46 entidades. Según el Consejero, lo más complejo ha sido compatibilizar esta normativa con la ley de caza que será la que rija, por ejemplo, en cualquier actividad cinegética que afecte a animales.