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Consumo

Las oficinas de Consumo de Aragón cubrieron 76.067 atenciones en 2019

Las reclamaciones o consultas de los aragoneses se centran en sectores como las telecomunicaciones o la energía. De las consultas realizadas, 53.803 tuvieron lugar en Zaragoza, 11.984 en Teruel y 10.280 en Huesca.

Rueda de prensa de la memoria anual realizada por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios / Beatriz Aparicio

Rueda de prensa de la memoria anual realizada por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios

Zaragoza

La memoria anual realizada por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios refleja que en Aragón se registraron 76.067 atenciones en sus oficinas de Consumo. De ellas, 53.803 tuvieron lugar en Zaragoza, 11.984 en Teruel y 10.280 en Huesca. La mayoría fueron únicamente consultas o solicitudes de información.

Este organismo llevó a cabo a lo largo del año pasado un total de 32.872 actuaciones inspectoras, que culminaron con la intervención y retirada de un total de 254.865 productos del mercado aragonés. El director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, ha destacado que fundamentalmente lo retirado era "producto textil, material eléctrico, juguetes y calzado". El 94% de las actuaciones de los Inspectores de Consumo, según ha asegurado, están motivadas por la Red de Alerta de Seguridad de los Productos activa en la Unión Europea. Con ella se pueden detectar productos potencialmente peligrosos o no seguros para los consumidores aragoneses.

Entre las preocupaciones o consultas más generadas por parte de los consumidores: las relacionadas con las telecomunicaciones, el suministro de energía eléctrica o el gas, los bancos o la vivienda. Mientras que las telecomunicaciones despiertan mayor número de consultas, la mayoría de las denuncias formales interpuestas están relacionadas con el suministro de energía o gas con un 11,83%.

Por su parte, las telecomunicaciones solo suponen un 10,33% de las denuncias de consumidores. Pablo Martínez ha destacado que el perfil de la persona que realiza estas consultas o denuncias es el de una mujer, de entre 40 a 52 años, que "prefiere la atención presencial".

 
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