El juez estima el recurso de Recuerdo y Dignidad en la causa de los exhumados de La Riba
La implicación de la Justicia supone que estas personas son tratadas como víctimas, algo inusual en el Estado Español
Silverio Lumbreras / Cadena Ser
Soria
La Asociación Recuerdo y Dignidad ha recibido la mejor noticia de los últimos días al conocer el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán a través del cual ha aceptado el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de diciembre de 2019 que sobreseía y archivaba la causa por los asesinatos de cuatro personas en el municipio soriano de La Riba de Escalote.
“El juez nos da la razón en contra del criterio del Ministerio Fiscal y ordena que se practiquen las diligencias que el juez anterior ordenó en su momento”, puntualiza el presidente de la Asociación, Iván Aparicio. En el auto se afirma que “habiéndose ya acordado por otro juzgador determinadas diligencias, sin su resultado no se puede archivar la causa, no ya en virtud del fondo del asunto sino también desde un punto de vista estrictamente procesal. Por tanto, llegados a este punto resulta necesario antes de acordar el archivo de la causa, esperar a que se devuelvan todos los exhortos cumplimentados y la devolución de los oficios enviados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y con su resultado se acordará lo que proceda.”
La continuación de las actuaciones implica la identificación de las cuatro personas halladas asesinadas en La Riba el sábado 28 de septiembre del pasado año. “Hay que recordar que esta es la sexta vez que Recuerdo y Dignidad consigue que la Justicia atienda a víctimas de la represión del alzamiento militar de 1936 contra la II República y que en ellas han participado cuatro jueces distintos”.
En una providencia anterior emitida por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán se ordenaba librar un oficio a la Sociedad de Ciencias Aranzadi con el fin de que se remitieran al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid los restos óseos adecuados para el estudio genético de las personas halladas en la segunda fosa de La Riba de Escalote. En dicha providencia se ordenaba también librar oficio al INTCCFF de Madrid a fin de que procediera a citar a uno de los familiares de Silverio Lumbreras. Con esta citación se convocaba a las familias de los cuatro desaparecidos en La Riba para tomarles muestras biológicas para el estudio genético.
Ambos oficios se presentaron en su día en función de otra comparecencia forense del IML y de un escrito presentado por la ASRD. En la primera se señalaba que el INTCCFF disponía de los primeros restos óseos a parecidos en la prospección de la Riba pertenecientes a la primera fosa. Y que la Sociedad de Ciencias Aranzadi custodiaba los restos mortales de las otras dos personas aparecidas en la segunda fosa, a escasos metros. En la comparecencia se indicaba la necesidad de solicitar a la Sociedad de Ciencias Aranzadi restos óseos representativos y adecuados, asegurando la cadena de custodia, para que sean remitidos al INTCCFF. Con estos pasos la ASRD ha conseguido que tenga presencia en el juzgado de lo penal, no solo la exhumación de los restos mortales de las cuatro personas localizadas en dos fosas comunes clandestinas en La Riba ante la presencia de autoridades judiciales, sino que se procure su identificación dentro de un proceso judicial y que, tras su cierre, se decrete la reapertura de la causa.
Desde la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad se valora “muy positivamente que los desaparecidos-asesinados por la represión connatural al levantamiento militar de 1936 y sus familiares puedan tener acceso a la Justicia. Ya que la legislación actual sobre exhumaciones, y sobre víctimas del franquismo en general, se limita a trámites administrativos sin garantía judiciales en contra de lo que establecen las autoridades de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. Siendo tratados las decenas de miles de civiles hechos desaparecer bajo custodia como meros restos arqueológicos en lugar de como víctimas”. La implicación de la Justicia supone que estas personas son tratados como víctimas, algo inusual en el Estado Español. La práctica totalidad de las exhumaciones que se practican en España no tienen repercusión judicial pese a que cada una de ellas se comunica el Juzgado correspondiente.
