La Audiencia juzgará en junio al falso príncipe de Hohenlohe acusado de estafa
Alrededor de 50 víctimas reclaman penas de cárcel. La fiscalía no formula acusación.
El patio de la Audiencia Provincial de Baleares y el TSJIB, visto desde el exterior. / EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS)
Palma
La Audiencia Provincial acogerá durante tres semanas en el mes de junio el juicio contra el falso príncipe de Hohenlohe y su mujer, acusados por medio centenar de personas de una estafa piramidal millonaria. El matrimonio se enfrenta a la acusación de 50 víctimas que reclaman entre seis y ocho años de cárcel cada uno por delitos de estafa agravada, apropiación indebida, administración fraudulenta o asociación ilícita entre otros. Los damnificados les acusan de crear un entramado de solvencia aparente para atraer clientes a los que prometían altos intereses a cambio de que depositaran sus fondos en las sociedades de su propiedad.
La fiscalía no acusa al matrimonio porque considera que no hay indicios de delito. Sin embargo, alrededor de 25 abogados representan a unos 50 estafados como acusación particular. En el auto de apertura de juicio oral, el juez instructor del caso les acusó de aparentar una solvencia inxesistente para dar confianza a los inversores. Se hicieron con un barco en el que celebraban fiestas y con oficinas en las que colgaron fotos firmadas de diversos miembros de la Casa Real y de los principales dirigentes de los partidos políticos. Las colocaban en la sala de espera, según el juez, para que los clientes pudieran apercibirse de los importantes contactos que tenían.
El magistrado alude además a que el principal acusado contaba con el título nobiliario falso como príncipe de Hohenlohe. La Policía Nacional, de hecho, encontró en uno de los resgistros varios pasaportes diplomáticos del inexistente e inventado reino de Atlantis a nombre de los dos acusados.
El juez sostiene que el matrimonio prometía inicialmente intereses del 15 al 18% anual que después elevaron al 48% pues los empleados tenían la orden de ofrecer una rentabilidad del 200 euros al mes por cada 5.000 euros invertidos. Lograron alrededor de 190 depósitos efectuados por distintas personas con una cantidad cercana a los ocho millones de euros, de los que sólo se devolvieron 411.000 euros. El auto sostiene que, a pesar de que eran conscientes de la imposibilidad de cumplir con la rentabilidad pactada, utilizaron la fórmula del reconocimiento de deuda con los clientes ante notario u oficinas.
El juez sostiene que el matrimonio se quedó con el dinero para mantener su propia infraestructura. Los intereses se pagaron hasta 2010 y después el matrimonio dio órdenes a sus empleados para seguir aparentando solvencia, amenazándoles con despidos o rebajas de sueldo si no lo cumplían.
