Diputación gestionará más de 32 millones en cuatro años para los Servicios Sociales básicos

Segovia

Por primera vez, este acuerdo recoge una vigencia de cuatro años, que comprenderá desde 2020 hasta 2023, consiguiendo dar mayor estabilidad a los distintos programas y garantizando su financiación, siendo el instrumento de colaboración entre la Administración Autonómica y las corporaciones locales competentes en materia de Servicios Sociales de Castilla y León para la financiación de los Servicios Sociales que se prestan desde estas Entidades Locales.

Así, el importe global aportado por la Junta de Castilla y León para las cuatro anualidades es de 24.221.350,92 de euros, lo que supone un total de 6.055.337,73 de euros al año, mientras que la Diputación aportará 8.098.785,92 de euros. En este sentido, es importante señalar que se trata de cuantías mínimas garantizadas, de forma que anualmente podrán verse aumentadas en función de los incrementos presupuestarios por las necesidades sociales que se produzcan en esos años, a través de las correspondientes Adendas. Así, la cifra inicial total que gestionará la Diputación de Segovia en materia de Servicios Sociales básicos será de 32.320.136,84 euros.

La citada financiación estará repartida en cuatro grandes áreas de actuación: los profesionales de los equipos de Acción Social, la atención a situaciones de Dependencia, la Red de Protección a las Familias y personas, y la Igualdad y contra la Violencia de Género.

Con una financiación de al menos 5.357.436 euros para los cuatro años por parte de la Junta y de 2.065.462 euros por parte de Diputación, se garantizan los empleos de los profesionales que trabajan en Servicios Sociales básicos, “reforzando la actividad de los Centros de Acción Social en la línea del compromiso de esta institución con las personas de nuestros pueblos de prestar el servicio en el territorio, mejorar su atención y seguir reduciendo los plazos de valoración de dependencia y de atención ante situaciones en riesgo de exclusión social”, tal y como ha señalado el presidente, Miguel Ángel de Vicente. En este sentido, la Oferta Pública de Empleo de la institución provincial ha aprobado seis puestos de funcionario para Trabajadoras/es Sociales y dos para Técnicos/as de Intervención Comunitaria. Además, contempla cinco puestos de psicólogo/a para los programas especializados, cuatro Técnicos/as de Dependencia y Discapacidad y tres Educadores de Familia como personal laboral fijo.

En cuanto al área de atención a las situaciones de Dependencia, se consignan en el Acuerdo Marco más de catorce millones de euros (3.548.010 euros por año) que sumados a los 3.330.282 euros que aporta la Diputación, suponen más de 17 millones de euros destinados a cofinanciar la atención a las situaciones de Dependencia que prestan las entidades locales. Esta financiación sirve para prestar servicios de atención residencial, ayuda a domicilio, teleasistencia, formación para cuidadores no profesionales, también para el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP), programas para personas con discapacidad, de envejecimiento activo y prevención de la dependencia de personas mayores.

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El Servicio de Ayuda a Domicilio sigue siendo el programa estrella en materia de Dependencia y de todo el Acuerdo Marco ya que dispondrá, para las cuatro anualidades, de una financiación inicial de 11.371.752 euros, que irán destinados a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia. A esto hay que sumar la cifra de 1.263.528 euros que aportará la institución provincial. De esta forma se superarán los doce millones y medio de euros para contribuir a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida, mediante la adecuada intervención y apoyos de tipo personal, educativo, doméstico y/o social. En el marco de este servicio de apoyo en el domicilio se va a impulsar el servicio de comida a domicilio que pretende implantarse a lo largo de este año.

Para el Servicio de Teleasistencia se prevén 190.624 euros por parte de la Junta y la aportación de Diputación ascenderá a 473.394 euros ya que se ha planificado un gran desarrollo de este servicio a través de la próxima regulación normativa de la prestación pública de la Teleasistencia Avanzada, “lo que va a suponer un importante salto cualitativo tanto en el alcance de personas atendidas como en la calidad de la atención a las personas en situación de dependencia, con la incorporación de una amplia gama de servicios”, ha resaltado De Vicente.

Otro de los grandes apartados es la Red de Protección a la Familia que comprende una serie de programas cuyo objetivo principal es la protección a las familias y la inclusión social y laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, dotado con 4.528.234,72 euros por parte de la Junta y 1.500.000 euros provenientes de Diputación, lo que supone un total superior a los seis millones de euros. Entre los que se encuentran los programas más destacados se encuentra el de Inclusión Social y las Ayudas de Urgente Necesidad o las prestaciones para situaciones de deuda hipotecaria. En lo que respecta al apoyo a las familias, en el Programa Crecemos se mantiene la financiación para 28 centros con una cantidad total de 1.293.042 euros, de los que la Junta asume los dos tercios y la Diputación el tercio restante.

El Acuerdo Marco contempla también financiación destinada a Igualdad y atención a víctimas de violencia de género por parte de los profesionales de las corporaciones locales en el marco del modelo “Objetivo violencia cero”, así como para la Casa de Acogida ‘La Alborada’, dependiente de la institución provincial. Serán más de 144.000 euros financiados por la Junta de Castilla y León que se ampliarán cada año en la adenda correspondiente, en función de la actividad realizada y de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia. A esto hay que sumarle la aportación propia de la Diputación, que será superior a los 200.000 euros, tanto para el mantenimiento de la Casa de Acogida a víctimas de maltrato como a las propias acciones que promuevan las políticas transversales de género.