La fiscal de La Loma mantiene los cargos contra sus seis acusados
La Audiencia admite varios certificados del Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre la situación urbanística de la zona
El juicio de La Loma entra en su recta final. / Cadena SER
Castro Urdiales
La fiscal del juicio de La Loma, Pilar Santamaría, ha elevado a definitivas las conclusiones que modificó el pasado mes de octubre, cuando retiró los cargos a 39 de los 45 acusados iniciales y limitó los hechos a enjuiciar por la Audiencia provincial a las irregularidades en el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable SUNP 12, sacando de la causa los sectores 3, 4 y 7.
La Fiscalía mantiene los cargos contra seis acusados por presuntos delitos de prevaricación y prevaricación urbanística, falsedad documental y cohecho. Por su parte, la Junta Vecinal de Santullán, que ejerce la acusación particular, ha mantenido los cargos contra sus 11 acusados, pero ha suavizado las penas al aceptar la atenuante de dilaciones indebidas. A la vez, ha reducido a 144.000 euros la indemnización que reclama por el camino de su propiedad ocupado y destruido.
Tanto la Fiscalía como la pedanía piden la nulidad del plan parcial del SUNP 12, así como el proyecto de compensación y urbanización, y las licencias de 46 viviendas construidas por Vallehermoso en este sector. Santullán ha modificado sus conclusiones en este apartado y ya no pide el derribo de todos los inmuebles, solo de las 11 que afectan al camino de la Junta Vecinal y a la zona de reserva viaria, y acepta que el resto se ordenen en un nuevo plan parcial que cumpla la legalidad.
La Sección Tercera de la Audiencia provincial ha admitido también la documentación aportada por el Ayuntamiento de Castro Urdiales durante el transcurso del juicio de La Loma, así como varios certificados del Consistorio sobre la situación urbanística de los sectores SUNP 3, 4 y 7 que han sido presentados, pero no por el letrado del Ayuntamiento sino por la abogada de uno de los acusados.
Esta documentación ha sido motivo de polémica durante el juicio al denunciar la Junta Vecinal de Santullán –que ejerce la acusación particular–, que no estaba incorporada a la causa pese a que la Fiscalía se basó en su contenido para retirar los cargos a 39 de los 45 acusados iniciales y limitar los hechos a enjuiciar a las irregularidades en el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable SUNP 12.
La sala, que preside el magistrado Agustín Alonso, ha admitido también documentación aportada por Santullán, en concreto el acuerdo del Pleno que declaraba nulo el convenio firmado con Vallehermoso. La nueva documentación se refiere a la construcción del depósito de agua de La Loma y la modificación del plan parcial del SUNP 12, cuya nulidad solicitan la Fiscalía y la Junta Vecinal, que también piden la demolición de 46 chalets.
El juicio, que comenzó el pasado 1 de octubre, entra ya en su recta final. La Fiscalía y Santullán presentarán ahora sus informes y se sabrá si mantienen o modifican su acusación inicial. A partir del lunes será el turno de las defensas, y el jueves 27 los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra. La sala ha citado para esta última sesión a todos los acusados, incluidos todos aquéllos a los que la Fiscalía retiró los cargos al principio del juicio.
En la sesión de este jueves se ha reproducido, a petición de la Fiscalía y Santullán, una grabación de una conversación telefónica que uno de los acusados, el exarquitecto municipal Pedro Restegui, mantuvo en noviembre de 2008, tras ser detenido por orden del juez instructor, Luis Acayro Sánchez, titular del Juzgado nº 2 de Castro.
En ella habla sobre lo que le ha ocurrido con un hombre que se identifica como José Antonio, y le explica que "fue todo por un informe" que el gerente de Urbanismo, Pablo Sámano, le dio a firmar diciéndole que era un certificado de infraestructuras para tramitar un plan parcial.
Durante la conversación, Restegui utiliza expresiones del tipo "hay tanta mierda ahí..", y añade "el que cortaba el bacalao era Javier, ahí lo sabe todo dios". También le cuenta que "le han trincado 40 millones que tenía en la oficina", que "ni siquiera era en B", sino que era de trabajos a "particulares y de años de profesión".
La persona con la que habla le dice: "como le metan mano a Javier, se la mama el PSOE", y él responde: "hombre, por supuesto, pero éste es fino, éste es más listo que yo, no tendrá el dinero ahí en casa, sabes, en el estudio. Irá a lo seguro. Y ahora con la redada que me han pegado a mí, habrá limpiado todo dios los fajos por ahí".
La Fiscalía considera a Pedro Restegui autor de un delito continuado de cohecho y solicita para él cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros e inhabilitación para cargo o empleo público de diez años.
