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Roberto Cisneros: "En los pueblos no se piden informes"

El alcalde de Mahíde, inhabilitado por prevaricación tras conceder una licencia urbanística para la construcción de para una nave de aperos a pesar de la existencia de 3 informes técnicos desfavorables

Roberto Cisnero (a la izquierda de la imagen) durante una comparecencia en la Diputación Provincial en enero de 2017 / CADENA SER

Roberto Cisnero (a la izquierda de la imagen) durante una comparecencia en la Diputación Provincial en enero de 2017

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a nueve años de inhabilitación al alcalde de Mahíde, Roberto Cisneros, a causa de la concesión de una licencia urbanística en el anejo de La Torre de Aliste. Roberto Cisneros, alcalde del PP que el mandato pasado lo fue por el PSOE, asegura que no leyó ninguno de los 3 informes técnicos desfavorables que se emitieron 2 de la Diputación Provincial, 1 del Secretario del ayuntamiento de la localidad alistana.

Además, señala en su defensa que se presentó a las ultimas elecciones ya imputado, y que obtuvo la confianza mayoritaria de sus vecinos y que este tipo de construcciones son habituales en el pueblo. Y que tal vez los promotores de la vivienda (un constructor y una veterinaria) se fiaron de su buena fe porque en los pueblos “no se piden informes”.

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Asegura el alcalde que se pidió licencia para una nave de aperos, pero en la sentencia ya consta cómo los informes de la diputación confirmaban que analizado el proyecto “la construcción no se ajustaba a la tipología propia de una nave de maquinaria (…) pues tenía ventanas, forjados para construir dos plantas y porche de acceso” y que, ya en construcción, se añadieron más puertas, ventanas y también un porche trasero. Señala además el fallo de la Audiencia provincial que en todo momento se requirió a los promotores que acreditaran su condición de agricultores y que no lo hicieron.

Solamente con el procedimiento ya iniciado (a mediados de 2019), el promotor solicita inscribirse en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León. El matrimonio promotor fue finalmente absuelto con el argumento de que no fueron informados por el arquitecto que les hizo el proyecto de que la edificación proyectada no se ajustaba a la legalidad urbanística.

 
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