La Región pide más tiempo a Celaá para recabar informes sobre el pin parental
El Gobierno envía un requerimiento al ministerio para que frene la entrada de nutrientes al Mar Menor
Ana Martínez Vidal / Cadena Ser
La Consejería de Educación de Murcia ha solicitado aplazar la reunión con la ministra del ramo, Isabel Celaá, prevista para este viernes por motivos de “tiempo”, puesto que no ha tenido suficiente para recabar la información técnica y jurídica que aportará en el encuentro.
Así lo ha confirmado este jueves durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno su portavoz, Ana Martínez Vida, que ha insistido en que no se trata de una “cancelación” del encuentro, pero ha reconocido que no se podrá llevar a cabo antes del 17 de febrero, cuando finaliza el plazo de un mes que el Gobierno central dio al murciano para retirar el denominado “pin parental”.
Martínez Vidal ha insistido en que la Consejería de Educación cuenta con informes favorables a la petición de esos permisos a las familias para que los niños asistan a actividades complementarias, tanto de los servicios jurídicos como de la inspección, algo que ha defendido en reiteradas ocasiones la consejera, Esperanza Moreno.
No obstante, ha señalado que no ha podido “recabar toda la información” que quiere trasladar a la ministra, por lo que se ha retrasado el encuentro, que se producirá en breve, pero no tiene fecha fijada.
La reunión forma parte de la ronda de contactos que el Ministerio ha iniciado con todas las consejerías de Educación de las diferentes comunidades autónomas.
En cualquier caso, ha indicado que el veto parental se seguirá aplicando en la región y ha manifestado su respeto a la posible decisión del Ministerio de abrir la vía judicial para eliminarlo.
Murcia envía un requerimiento al ministerio para que se frene la entrada de nutrientes al Mar Menor
En otro orden de cosas, el Gobierno murciano ha enviado un requerimiento formal al Ministerio para la Transición Ecológica para que ponga en marcha medidas urgentes para eliminar los aportes de agua dulce al Mar Menor a través de la rambla del Albujón y el acuífero, un asunto que elevará a los tribunales si no tiene respuesta positiva en el plazo de un mes.
El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves esa medida, ha explicado en rueda de prensa su portavoz, Ana Martínez Vidal, que ha considerado que frenar esos aportes de agua dulce con nitratos es esencial para recuperar el estado ambiental de la laguna.
El requerimiento formal, ha recordado, es el paso previo necesario antes de acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa, que se pondrá en marcha si en un mes no hay respuesta favorable el Ejecutivo central.
Preguntada sobre el expediente que, según Mario Urrea, la comunidad autónoma debe resolver para autorizar a la Confederación Hidrográfica del Segura la instalación que elevará la rambla, ha dicho desconocer la exactitud del trámite y se ha limitado a decir que, si es así, deberá resolverse cuanto antes.
Además, se ha referido a las críticas que FECOAM hizo este miércoles a Ciudadanos por su intención de ampliar la línea de protección establecida en la ley integral del Mar Menor durante su trámite parlamentario y ha subrayado que su partido es la de mejorar la norma de manera consensuada con todos los sectores afectados y “en ningún caso” cederán “a ninguna presión, ni de FECOAM ni de ningún otro colectivo”.
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha acordado también este jueves la subida salarial del 2 por ciento para los 60.000 empleados públicos de la comunidad autónoma, incluidos funcionarios de carrera, funcionarios interinos, eventuales, personal laboral, personal estatutario, trabajadores de las universidades públicas y de los centros de educación concertada.
El incremento salarial, que tendrá carácter retroactivo desde enero, se comenzará a pagar este mismo mes de febrero y supondrá una inversión de 55,6 millones de euros.
Se ha dado asimismo luz verde al nuevo plan de control financiero para el ejercicio 2020 con el objetivo de garantizar que todas la entidades relacionadas con la administración regional cumplen con la legislación vigente en materia de gestión de los fondos públicos.
Se ha aprobado, por otra parte, un convenio con el Ayuntamiento de Lorca para prorrogar durante seis meses el plazo para que los afectados por los terremotos de mayo de 2011 puedan presentar los informes técnicos municipales que acrediten el uso de las ayudas recibidas para reconstruir sus hogares.
El plazo para acreditar que los fondos recibidos se utilizaron para las obras citadas vencía el pasado 27 de enero y de esta manera los afectados tendrán una mayor flexibilidad para recabar la información, evitando así que tengan que devolver las ayudas.
