Román Rodríguez: "los acuerdos con Madrid deben separar los 600 millones del REF de la consigna para Canarias"
El vicepresidente y consejero de Hacienda considera inviable una reforma del sistema de financiación autonómica si no se ponen sobre la mesa 12.000 millones de euros adicionales
El Ejecutivo canario acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera dispuesto a negociar la inversión del superávit
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, en un Pleno del Parlamento / Pepe Tores (EUROPA PRESS)
Santa Cruz de Tenerife
Los 255 días de Gobierno en funciones que ha vivido el Ejecutivo de Sánchez en el último año han enfriado la confianza política, pero, sobre todo, la capacidad financiera de las comunidades autónomas. Canarias llega este viernes al primer Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra desde 2018 como actriz de reparto en la disputa sobre el pago del IVA, expectante ante las propuestas de Hacienda sobre el porcentaje de déficit y deuda que se concede a al conjunto de las regiones, así como de estabilidad presupuestaria para el trienio 2021-2023, pero con dos objetivos en la mira: lograr la flexibilización de la regla de gasto y abrir la senda para un nuevo sistema de financiación autonómica.
En declaraciones a la SER, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha asegurado que “es una demanda muy justa. No es razonable que una comunidad autónoma como la nuestra, que no tiene problemas de déficit, que tiene superávit, que cumple con la regla de gasto, que paga en tiempo y forma a los proveedores, es decir, que cumple con las normas fiscales, tenga recursos ociosos en el banco cuando tenemos necesidades ineludibles. Desde el paro a la pobreza, a la falta de vivienda o a la necesidad de mejorar las infraestructuras educativas y sanitarias”.
El Archipiélago despidió 2019 con un resultado de cuenta positivo, acumulando un superávit de en torno al 0,7 por ciento y diferenciándose como una de las cinco comunidades que cumple el objetivo de déficit situado en el 0,1 por ciento. Además, los cabildos y ayuntamientos disponen de un excedente entre ingresos y gastos de 1.500 millones de euros que merman en los bancos al no poder ser desembolsados en los servicios públicos como consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por el ministro Luis De Guindos (PP) en 2012 que respondía a un periodo de recesión pero que difiere con el crecimiento económico moderado actual.
No es la única preocupación fiscal del Ejecutivo, que sitúa el sistema de financiación, caduco desde 2014 y prorrogado durante cinco años, como la “asignatura pendiente” del plan de articulación territorial del Estado español. A lo largo del Consejo, el Comité de Expertos expondrá un informe al respecto, sin embargo, no cabe discusión en el foro: “Cierto es que entre los años 2017, 2018 y 2019 hemos conseguido recuperar participación de los fondos de competitividad de los que estábamos excluidos, lo que nos permite consolidar 600 millones de euros en transferencias”, ha incidido Rodríguez.
Fue en 2009 cuando la cartera de Pedro Solbes (PSOE) efectuó una reforma del sistema de financiación y detrajo este suculento importe de las cuentas canarias con la crisis económica en el próximo horizonte. La recuperación llegó de manera firme en 2018 con la aprobación del Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía, que blindaba jurídica y políticamente el derecho del Archipiélago a recibir cuantías garantes de sus singularidades. Con esta estrategia del Ejecutivo autonómico, las islas se sitúan ahora al borde de la media estatal en financiación per cápita en los servicios públicos fundamentales, lo que para el consejero permite “resistir la situación actual” de enfriamiento económico.
“Cualquier nuevo acuerdo tiene que partir de que lo que hemos conquistado no se toca (…) Nosotros, gracias a la presión que ejercimos (hay que reconocer una parte a los nacionalistas), conseguimos recuperar lo que durante siete años nos quitaron”, ha afirmado Rodríguez, quien también ha reconocido que el tijeretazo supuso “dificultades” entre los años 2010 y 2016, cuando el Archipiélago se encontró hasta 16 puntos por debajo de la media nacional de financiación. La sesuda reparación permitió el rescate de 220 millones de euros en 2017; 440 millones de euros en 2018; y 598 millones de euros en 2019.
Respecto a la viabilidad de un nuevo sistema de financiación autonómica, el vicepresidente ha apuntado a una difícil maniobra “si no se ponen sobre la mesa entre 10.000 y 12.000 millones de euros adicionales. Si no fuera así, habrá quien gane y habrá quien pierda. Mi impresión es que en el contexto de la economía española y de las finanzas públicas no es nada fácil un acuerdo, si se quiere hacer sin broncas, si no se hace con partidas añadidas”.
Preguntado por si el Archipiélago ha sido vapuleado por el Estado pese a las garantías jurídicas, Rodríguez ha aseverado que “no”, pero ha reconocido sentir recelo: “No confío en la Administración General del Estado nunca, porque la historia nos pone sobre aviso. Nunca los poderes centrales han respetado nuestros derechos pese a que estos estén recogidos en las leyes. Por eso hay que estar ordenados y vigilantes”.
Canarias apuntala dos grandes bazas para obtener un puesto dominante en el sudoku financiero del país. Una de ellas, la insularidad, arraigada a la política canaria; la otra, el statu quo per cápita, marcará la reforma del sistema de financiación autonómica.
