Denuncian ante la Comisión Europea las prórrogas de la concesión de la AP9
En Colectivo considera que contradicen el derecho comunitario y confían en que la autopista acabe revirtiendo al Estado
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Vigo
La plataforma de afectados por la AP9 recurre a la Comisión Europa para acabar con su privatización. La denuncia, presentada en julio del año pasado entiende que las dos prórrogas de la autopista hasta el 2023 y en última instancia hasta el 2048 contravienen el derecho europeo por incumplir el principio de libre concurrencia pública. Si la comisión acepta la denuncia, como todo parece indicar por silencio administrativo al haber pasado ya más de dos meses desde su presentación, antes del próximo mes de julio deberá indicar a España que abre un dictamente de incumplimiento. Si España no lo acata el caso iría al Tribunal Europeo de Justicia como ocurrió con un precedente de una autopista en Italia. La consecuencia última de todo el procedimiento es que la AP9 revierta a lo público, lo que abriría la posibilidad de suprimir los peajes definitivamente. En caso de que esta vía europea no prospere todavía existe la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo español para seguir exigiendo el fin de una concesión de una autopista ya amortizada y por la que Audasa recauda 400.000 euros al día en peajes.
