La justicia obliga a Educación y al Ayuntamiento de València a dar apoyo a un niño con necesidades especiales
La sentencia obliga a la conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Valencia a poner un educador a disposición del menor toda la jornada, después de que el niño fuera expulsado del colegio al que acudía
La sentencia obliga a las administraciones a atender al menor / Getty Images
Valencia
La Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de València deberán dotar a un niño de 9 años con necesidades especiales, que fue expulsado de un centro educativo por mala conducta, del apoyo de un educador durante toda la jornada escolar, tanto en el aula como en el comedor, tiempo libre y actividades complementarias.
Así lo dicta una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, a la que ha tenido acceso EFE, que estima así el recurso promovido por la familia del menor al apreciar que se han vulnerado los derechos fundamentales en cuanto a igualdad de acceso a la educación.
El menor, que sufre un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, presenta necesidades educativas especiales derivadas de trastornos de conducta, en concreto el recurso de educador de educación especial y pedagogía terapéutica.
Según el fallo, el 17 de diciembre de 2018 se le denegó un educador especial en el colegio público al que asistía y casi dos meses después, el 25 de febrero de 2019, se abrió un expediente disciplinario contra el alumno y fue expulsado durante cinco días, y el 27 de marzo, se acordó volver a expulsarlo por veinte días.
La parte demandante alegó que en el centro, de titularidad municipal pero concertado con la Generalitat, se habían vulnerado los derechos de las personas con discapacidad.
Por su parte, la Conselleria se opuso a la demanda y señaló que los incidentes protagonizados por el menor "alteraron reiteradamente la convivencia del centro, llegando a requerir la intervención de emergencias 112 el 21 de febrero de 2019".
También indicó que desde la llegada al centro del menor, se adoptó un plan de mejora del alumno y se le acompañó fuera del aula cuando existía una crisis para minimizarla.
El Ayuntamiento de València, al que corresponde el Colegio de Educación Infantil y Primaria de donde fue expulsado el menor, alegó que el centro no dispone de Educador en educación especial "y de haberse conocido esta necesidad no se hubiera permitido la matrícula" y al no estar evaluado con anterioridad, "no puede imputarse al colegio negligencia en su atención".
A juicio del titular del juzgado, "no se ha atendido la necesidad educativa con la premura que el caso requiere, tanto en atención a las necesidades educativas especiales del alumno, como a la funcionalidad general del colegio, que se ve impedida".
La abogada especialista en igualdad y diversidad que ha llevado el caso ha asegurado a EFE que es "indignante" la actitud del Ayuntamiento de València, "que negó el apoyo a los padres al decir que la norma no les permitía dotar al colegio de un educador, cuando la finalidad de todo centro es educar".
"Sin embargo -añade la letrada- no es capaz de dotar al colegio de un educador para atender la diversidad de sus alumnos, dejando a los profesores solos y sin los recursos necesarios".
