La memoria de la Fiscalía de 2018 destaca el incremeto de las denuncias por delitos sexuales

Valencia

La memoria de la Fiscalia de la Comunitat, del año pasado refleja un incremento de las denuncias por agresion sexual del 35% y de casi un 16% por abusos sexuales.

Un asunto que preocupa y mucho a la Fiscal Superior delTribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert que ha presentado la memoria en les Corts porque -segun señala- cada vez más, tanto las denunciantes como los agresores, son mas jóvenes.

Gisbert insiste en que una de las principales armas con las que luchar es la educacion, pero en todas los ciclos formativos y considera que las agresiones sexuales deberían considerarse violencia de genero. Además advierte sobre las agresiones en manada.

Gisbert también se ha mostrado partidaria de cambiar las leyes para evitar que una mujer víctima de violencia de género pueda retirar la denuncia y la fiscalía pueda serguir el procedimiento contra el agresor.

Y respecto a la prostitución Gisbert apuesta por ampliar las consecuencias penales para todos aquellos que participen en ella. Por ejemplo aquellos  que alquilan los locales para que se ejerza la prostitución, los puteros o proxenetas, lo que se conoce en el ámbito jurídico como la tercería locativa.

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Respecto a otros asuntos, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha exigido derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece un máximo de seis meses de instrucción, para que los fiscales dispongan de más tiempo para investigar y así evitar la impunidad de los agresores en casos de investigación compleja como el del "depredador asesino" de Marta Calvo.

Se trata de una cuestión que afecta a todos los delitos, no solo a los de corrupción, ha remarcado la fiscal superior, ante la necesidad de pruebas científicas y peticiones de ADN que impiden que el juicio se pueda celebrar en el plazo tras la declaración de causa compleja.

En concreto, la memoria de la Fiscalía advierte que el artículo 324 de la Lecrim "hace recaer solo sobre el ministerio fiscal" la revisión de los expedientes judiciales que no están físicamente en su poder, además de defender que "el problema de la lentitud no está en la instrucción, sino en el tiempo de señalamiento para juicio oral".

Asimismo, propone reformar la Ley del Jurado al entender que "no tiene razón de ser" que algunos delitos castigados con multa o unos meses de prisión supongan juicios que se alargan durante días. También apuesta porque sea voluntario y no obligatorio formar parte de un jurado.

Por otro lado, plantea la posibilidad de que el cese de la patria potestad se pueda llevar a cabo mediante un acto de jurisdicción voluntaria, sin tener que acudir a un juicio ordinario de tramitación más lenta, y lamenta la intervención "superflua" del ministerio fiscal en el ámbito laboral-social y contencioso-administrativo.

También pide revisar el régimen de guardias de las fiscalías de menores, algunas con un volumen de trabajo tan elevado que "haría aconsejable que se instauraran las de 24 horas", y atender la imparcialidad objetiva de los jueces de menores y la implantación de un criminólogo en los equipos técnicos para "atender brotes delincuenciales y las necesidades de los menores desde otra perspectiva".