Debate entre la Junta y el Gobierno sobre el Decreto de parcelaciones
Acceso a las parcelaciones / Cadena SER
Córdoba
El Gobierno ha abierto un conflicto de competencias contra la Junta de Andalucía por el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, el decreto que en Córdoba permitiría regularizar unas 11.000 viviendas.
El ministro de Agricultura, Luis Planas y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, han acordado iniciar una negociación que a través de un grupos de trabajo resuelva las discrepancias con diez artículos de esa norma, y enviar las conclusiones al Tribunal Constitucional.
Mientras tanto el Ayuntamiento de Córdoba ha elevado una consulta a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía para conocer el alcance del conflicto de competencias, según ha explicado el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes.
Y la Junta de Andalucía no cree que el conflicto vaya a afectar a las viviendas pendientes de regularización en Córdoba.
La delegada de Fomento de la Junta, Cristina Casanueva, sostiene que las alegaciones que ha presentado el Gobierno "afectarían solamente a las viviendas que están en suelo costero", con lo que ese conflicto, "no tendría porqué afectar al resto del decreto por el que se atiende a viviendas en suelo irregular".
El decreto ley aprobado el pasado mes de septiembre, permite atender la situación de las viviendas en suelo irregular, excepto las que estén en suelos de especial protección e inundables, mediante la declaración de la figura AFO, Asimilado Fuera de Ordenación.
CONSEJO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO
El Consejo del Movimiento Ciudadano piensa que una hipotética paralización del decreto hasta que se diriman las diferencias afectaría a Córdoba. Su responsable, Juan Andrés de Gracia, pide al Ayuntamiento la ejecución inmediata de la modificación del PGOU, que reconoce la realidad de la periferia de la ciudad y que debe suponer la dotación de servicios y equipamientos para zonas que ahora no están reconocidas de facto. Porque a su juicio, "el cambio en el planeamiento se ha quedado en una mera postura política".
