¿Las denuncias de violencia de género deben tramitarse como diligencias urgentes?
La Comisión Provincial de Coordinación en Violencia de Género de Gipuzkoa propone hacer una reflexión sobre "la oportunidad de mantener el esquema del Protocolo en materia de violencia de género"
Bilbao
Según el documento al que hemos tenido acceso en la SER, entre las conclusiones a las que llega este grupo de trabajo se encuentra que “si bien un porcentaje muy elevado de los procedimientos en materia de violencia de género se inician como diligencias urgentes, como consecuencia del protocolo existente en la materia”, más del 50% se transforman, posteriormente, en diligencias previas o sumarios. Por ello, proponen “hacer una reflexión sobre la oportunidad de mantener el esquema del Protocolo en materia de violencia de género” según la cual las denuncias se tramitan como diligencias urgentes. Y es que consideran que “con ello se corre el riesgo de focalizar la atención en el último episodio violento desgajándolo del contexto de dominación violento del que es una específica manifestación”. Y ello, puntualizan, al margen de la protección urgente a través de las órdenes de protección.
En este documento se establece también la elaboración de un documento sencillo en el que se contengan “los cinco derechos básicos de las víctimas cuando acceden al sistema judicial”, con especial hincapié en los referidos al acompañamiento. Este documento, dicen, debería estar acompañado de otro más centrado en el itinerario procesal de las víctimas de violencia de género “para facilitar un proceso de comunicación que se adapte a las circunstancias y condiciones de la mujer víctima de la violencia de género”, así como a la naturaleza concreta del delito por ella sufrido.
En su próxima reunión, el 4 de diciembre, establecen que aprobarán “el texto definitivo del documento sobre los principales derechos de las víctimas de violencia de género en el proceso penal”, que ha sido testado con un grupo de mujeres víctimas de violencia de género “para calibrar su comprensión y adecuación”. Está previsto, además, el inicio de la redacción de un documento de buenas prácticas procesales de los profesionales jurídicos que intervienen en el proceso penal, así como la introducción de un programa de acompañamiento a las víctimas de violencia de género “que sirva de red de apoyo a las mismas en el itinerario judicial”.
Entretanto, de cara a este 25 de noviembre, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, anuncia que la judicatura vasca se compromete a “emplear en la interpretación y la aplicación del Derecho, las técnicas de diferenciación que nos permiten que, a la hora de juzgar, podamos identificar situaciones de discriminación por razón de género y debamos aplicar un trato diferenciado a esas situaciones”, de forma que sea más favorable para restablecer la igualdad de la mujer discriminada.