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Abandono animales

Nueva sentencia contra SPAMA que deberá pagar 4.500 euros

La Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente la Safor ha convocado una manifestación

Instalaciones de Spama en Gandia. / Redacción

Instalaciones de Spama en Gandia.

Gandia

La Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente la Safor (SPAMA) afronta una nueva sentencia en contra, esta vez dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tras la denuncia que interpuso la protectora contra el Ayuntamiento de Gandia en el año 2016.

SPAMA denunció al consistorio, lo recordarán, por considerar que había incurrido en diversas irregularidades al contratar a la empresa Seproanimal-El Corralet para hacerse cargo del servicio de recogida, transporte y mantenimiento de animales.

En esta ocasión, el Tribunal señala, y citamos textualmente, que "en su recurso de apelación, SPAMA, lejos de hacer una crítica de la sentencia y las posibles infracciones e ilegalidades en que hubiera podido incurrir el Ayuntamiento de Gandia, se limita a reproducir los mismos argumentos que en la demanda".

El juez concluye que el procedimiento de concurso es el instrumento legal para adjudicar el servicio de recogida de animales y condena a SPAMA al pago de las costas judiciales, que ascienden a 1.500 euros. Con ésta ya son cuatro las sentencias judiciales en contra que acumula la Protectora, tres dictadas en primera instancia y ésta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los 1.500 euros de las costas judiciales derivadas de esta nueva sentencia no es la única sanción que deberá afrontar la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente de la Safor, que también tendrá que pagar una multa de 3.000 euros por no acreditar su solvencia económica una vez el Ayuntamiento le adjudicó el servicio de recogida de animales el pasado mes de mayo.

Cabe recordar que SPAMA fue la única que optó al concurso reservado convocado por el consistorio, al que sólo tenían acceso las protectoras. Y pese a que la entidad presentó una declaración responsable en la que aseguraba contar con dicha solvencia económica, en la práctica, cuando el ayuntamiento le reclamó el documento en cuestión, SPAMA no lo aportó. Ello implica una sanción de 3.000 euros, tal como se recoge en la normativa que regula los concursos públicos. Mientras, el Ayuntamiento de Gandia ha vuelto a sacar a concurso público este servicio rebajando considerablemente las condiciones económicas exigidas en el anterior pliego de condiciones.

SPAMA, por su parte, tras recibir la notificación de que tendrá que hacer frente al pago de 3.000 euros de multa por no acreditar su solvencia económica, ha convocado una manifestación el próximo sábado, 26 de octubre, a las 11:30 horas en la plaça Major de Gandia.

 
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