La Fiscalía pregunta si el fallo del desfibrilador provocó la muerte de un hombre en la Ciudad de la Justicia

Valencia

Sigue el misterio del desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València. La Fiscalía va a pedir al médico forense que determine si el fallo del desfibrilador en la Ciudad de la Justicia de València pudo afectar o tener algún tipo de consecuencia en la muerte del hombre con el que se intentó utilizar después de que éste sufriera una parada cardiorespiratoria cuando iba a ser juzgado por un delito de tráfico de drogas. El objetivo es que este informe determine si el desfibrilador pudo o no salvar la vida a la víctima. De esta forma podrá conocerse si hubo algún tipo de imprudencia y, así, exigir responsabilidades

Siguen sumándose voces muy críticas con la conselleria de justicia, responsable del complejo judicial valenciano. La última crítica llega desde Jueces para la Democracia que lamenta que el desfibrilador en cuestión no estuviera operativo.

Exige una investigación y subraya que desde enero la conselleria de Gabriela Bravo no ha convocado al comité de coordinación de prevención de riesgos laborales que debería reunirse cada tres meses. Para Jueces para la Democracia estamos ante un claro ejemplo de desidia institucional. Recuerda esta organización, asimismo, quie no es la primera vez que la Ciudad de la Justicia registra problemas por sus múltiples deficiencias en referencia al incendio que afectó hace un par de años al complejo judicial valenciano.

Fuentes de la Conselleria de Gabriela Bravo han indicado a la SER que el martes se ha citado a todos los operadores jurídicos y a los sindicatos para ponerlos al tanto de las investigaciones que se están llevado a cabo desde que se descubriera el mal funcionamiento de ese desfibrilador que no pudo utilizarse en un caso de infarto.

José Herrera, delegado de prevención del sindicato CSIF, mayoritario en la Ciudad de la Justicia, ha explicado a la SER que habían preguntado varias veces por ese desfibrilador sin recibir más que respuestas ambiguas. Que desconocen qué personal es el que está formado para su uso. En ese sentido el real decreto del Consell es claro y establece que esos desfibriladores no puede usarlos cualquiera salvo en situaciones extremas.

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En cuanto a las competencias sobre el desfibrilador son, según el decreto 159/2017, de la Conselleria de Sanitat. Ese decreto no solo define qué instalaciones están obligadas a tener esos dispositivos y qué requisitos debe cumplir el personal para poder usarlo. El mismo decreto establece que es competencia de la conselleria de Ana Barceló contar con un registro de desfibriladores y de su inspección y control. Pero la conselleria de sanitat no responde de momento.