La jueza pide fianzas de 807.200 euros a los tres acusados del caso Fundación Guadalquivir
Los procesados se enfrentan, cada uno, a penas de casi diez años de cárcel, según las peticiones de la Fiscalía y la Junta de Andalucía
Cristian Menacho y Ángeles Muñoz a la salida del juzgado. Imagen de archivo / Cadena SER
La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha dictado el auto de apertura de juicio oral por el llamado caso de las 'mordidas' de la Fundación Guadalquivir y ha pedido a la cúpula de la misma, concretamente a los tres acusados, Ángeles Muñoz, su hijo Cristian Menacho --ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Córdoba capital--, y José Antonio González, que abonen sendas fianzas de 807.200 euros.
Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, también se les pide el abono de 24.172 euros para indemnizar a 13 trabajadores, al tiempo que se expone que la fianza será prestada "para asegurar las responsabilidades" en este caso, de manera que de no prestarlas se les embargarán bienes "en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".
Igualmente, se declara como órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa a la Audiencia Provincial, en atención a las penas señaladas conforme a los delitos perseguidos.
Los procesados se enfrentan, cada uno, a penas de casi diez años de cárcel, según las peticiones de la Fiscalía y la Junta de Andalucía, por la supuesta comisión de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y otros dos de fraude de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas. Mientras, las acusaciones particulares, ejercidas por Podemos y otras dos personas, solicitan penas superiores.
Además, se acuerda que la apertura de juicio oral no se hace contra la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, la Fundación Guadalquivir Futuro, ni la Asociación Jóvenes para el Futuro, dado que "contra las mismas no se acordó seguir la causa como procedimiento abreviado en el auto de procesamiento, auto que no fue recurrido por ninguna de las partes, por lo que devino firme debiéndose estar a lo acordado en el mismo".
Según las acusaciones, las 'mordidas' se hacían, "bien detrayendo parte del salario pagado en metálico, bien forzando un compromiso de donación por transferencia posterior al ingreso de la nómina, también forzado por una amenaza de despido".
El resultado fue que "muchas de las personas contratadas, en situación desempleo de larga duración y necesitadas, pues a ellas se dirigía el programa, no tuvieron otra opción que aceptar las condiciones que se les imponían por los que estaban usando un evidente poder político, que se exhibía mediante invitaciones a actos con destacados líderes políticos y miembros del gobierno de la Junta" en la etapa anterior a la actual.
