El gobierno de El Puerto valora hasta tres posibles estrategias ante la anulación del PGOU
La concejal de Urbanismo, Danuxia Enciso, dice que cabe -también- recurso ante el Constitucional y valora las posibilidades del Plan del '92, que cuenta "con plenas garantías legales"
Enciso, hoy, en los estudios de la SER en El Puerto de Santa María / Cadena SER
Cádiz
Tras el primer estudio de la sentencia del TSJA que anula el Plan de Ordenación Urbana de El Puerto, la concejal de Urbanismo, Danuxia Enciso, ha explicado hoy, en el curso de una entrevista en la SER, que caben hasta tres posibles vías de solución y ha destacado que el Ayuntamiento ya ha establecido contacto con la recién creada plataforma de vecinos afectados por la sentencia, que da al traste con el proceso de legalización de viviendas que estaban en trámite de regularización.
Los afectados advierten que la posibilidad del recurso ante el Supremo, la primera opción que estudia el gobierno local, puede ser un modo de demorar la solución final, manteniendo en el tiempo la incertidumbre sobre los trámites de legalización pendientes.
Esta mañana, Enciso ha explicado que la segunda vía de actuación, al margen del recurso al Supremo, es la de aceptar el fallo y anular el plan de 2012, lo que automáticamente provocaría la entrada en vigor del anterior planeamiento de la ciudad, que data de 1992 y que "cuenta con todas las garantías legales". A partir de ese momento, el Ayuntamiento podría modernizar la carta urbanística mediante expedientes de modificaciones puntuales.
La gran diferencia entre el PGOU del 92 y del 2012 ahora suspendido radica en que el primero no incorpora el programa de regularización, aunque la concejal ha recordado que existe una herramienta de la Junta, el decreto 32019 que permite normalizar parcialmente el parque de construcciones construidas al margen del planeamiento.
Enciso ha planteado una tercera vía: la posibilidad de presentar recurso pero no al Supremo, sino al Tribunal Constitucional, al entender que el problema responde a un conflicto entre administraciones: la Junta no había adecuado su normativa urbanística a la directriz europea y nacional que obligaba a incorporar un informe de evaluación ambiental. La ausencia de ese informe ha sido uno de los motivos de que ha provocado ahora la anulación del documento.
Escucha la entrevista completa aquí:
