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Comunidad y Ayuntamiento quieren agilizar el desalojo en viviendas ocupadas

Ambas administraciones celebran la primera reunión de la "Mesa de Vivienda y Okupación"

El consejero de Vivienda, David Pérez, y la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, presentan la primera reunión de la "Mesa de Vivienda y Okupación". / COMUNIDAD DE MADRID

El consejero de Vivienda, David Pérez, y la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, presentan la primera reunión de la "Mesa de Vivienda y Okupación".

Madrid

Comunidad y Ayuntamiento de Madrid quieren que el desalojo de las viviendas ocupadas sea ágil y para ello hoy han celebrado la primera reunión de la llamada "Mesa de Vivienda y Okupación". Las dos administraciones pretenden sumar a ello a la Fiscalía, los jueces y a la Delegación del Gobierno a la que hoy mismo dicen que van a enviar una carta. "Para pedir una reunión urgente precisamente para que nos pongamos a trabajar juntos en la puesta en marcha de esas medidas decididas, contundentes, efectivas y coordinadas para luchar contra la ocupación", señala David Pérez, consejero de Vivienda.

Comunidad y Ayuntamiento quieren agilizar el desalojo en viviendas ocupadas

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Le piden también al Gobierno central que cambie la legislación para hacer más rápidos los desalojos y otra ley que defina los casos de ocupaciones, que según el consejero, realizan tanto familias "en situación de necesidad" como "mafias" y "okupas ideológicos antisistema", para luego poder "articular los procedimientos adecuados" en cada situación.

"Cada caso requiere una respuesta distinta", ha insistido Pérez, si bien ha dejado claro que cualquier ilegalidad requiere "una regularización". Según los datos que han ofrecido, en la Comunidad de Madrid hay 5.000 viviendas ocupadas, 3.000 de ellas están en la capital. Sin embargo no han especificado cuántas corresponden a mafias o narcopisos y cuántas a personas con situación de vulnerabilidad económica.

El consejero tampoco ve necesaria una Ley de Vivienda en la región, como han pedido colectivos sociales este sábado en una manifestación, porque asegura que esta región es líder en política de vivienda social con más de 23 mil viviendas protegidas mientras que mantiene que "no tiene capacidad ni competencias para intervenir" en la subida de los alquileres que el fondo buitre Blackstone ha impuesto a un millar de personas en Torrejón de Ardoz, en lo que fueron viviendas protegidas y que sólo puede "escuchar a esas familias y tratar de ayudarlas".

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Soy periodista desde hace algo más de un par de décadas. Especializada en temas sociales y educativos....

 
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