La exclusión social se enquista en Asturias, según Cáritas
El espacio entre los ciudadanos que están mejor y los que están peor se ha agrandado en el Principado, según el informe FOESSA de 2018 sobre exclusión y desarrollo social
Cáritas ha presentado el informe FOESSA sobre exclusión en Oviedo. De Izquierda a derecha: Ignacio Alonso, director de Cáritas Asturias; Raúl Flores, de la Fundación FOESSA; Pilar Díaz, responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas Asturias / Silvia Rúa
Oviedo
El informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social para Cáritas refleja que el 14 por ciento de los asturianos, 148.000 personas, se encontraban en 2018 en exclusión social y de estas un 6 por ciento, 63.000 ciudadanos, se hallan en situación severa o lo que es lo mismo, que acumulan tantos problemas en su vida diaria que ni si quiera pueden tener un proyecto vital medianamente estructurado.
La responsable del Programa de personas sin hogar de Cáritas, Pilar Díaz, ha advertido este miércoles de que se está dando además un aumento de la distancia entre quienes están mejor y quienes están peor, si bien, el Principado es una de las comunidades con menor porcentaje de población en exclusión severa.
Respecto al perfil mayoritario de esa exclusión, es el de hogares pobres, unipersonales, con ingresos derivados del sistema de protección social, con personas jubiladas a la cabeza y españoles. Sin embargo, el riesgo se eleva más entre aquellos hogares sustentados por menores de treinta años, inmigrantes extracoumnitarios, sin empleo y familias monoparentales.
Con los datos en la mano, toca plantear como retos de futuro, según ha explicado Díaz, la necesidad de que se pongan en marcha políticas sociales más integrales y que no se basen únicamente en el factor económico; es preciso velar por ejemplo, por el derecho a la vivienda, más apoyo para tener un mayor dinamismo demográfico. También combatir un grave problema del aislamiento social.
El estudio Foessa de Cáritas se ha hecho sobre una muestra de 663 hogares en el Principado, basándose en 35 indicadores que miden desde la participación en el empleo, la capacidad de renta y el acceso a derechos básicos como vivienda, salud, educación o participación política.
