Catalá denuncia que Ribó pagó más de 39 millones de euros sin fiscalizar en 2018
Asegura también que el gobierno local adjudicó 14,5 millones en contratos a dedo
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/2EK42PK4WRM7HD46LZI7FPCCVE.jpg?auth=b9c8b124060bcb481fc4e5369ac61685f86a1cf553e5527dec8b176706910746&quality=70&width=650&height=487&smart=true)
PPCV - Archivo (EUROPA PRESS)
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/2EK42PK4WRM7HD46LZI7FPCCVE.jpg?auth=b9c8b124060bcb481fc4e5369ac61685f86a1cf553e5527dec8b176706910746)
Valencia
La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha señalado que el informe de control financiero del gasto de la Intervención Municipal “confirma" sus denuncias del "abuso del Gobierno de Ribó en pagos sin fiscalizar”.
Según ha explicado, en el citado informe, que se aprobará en la comisión de
Hacienda que se celebra el próximo lunes, “se alerta del pago sin fiscalizar a
empresas por valor de más de 39 millones de euros el año pasado”.
Catalá: "Hemos detectado que Ribó pagó en 2018 más de 39 millones de euros sin fiscalizar"
00:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Catalá ha indicado que la mayoría de los pagos sin fiscalizar "son consecuencia de la mala gestión y de la falta de previsión del gobierno de Compromís y PSPV al dejar extinguir contratas como las de la grúa y la ORA y pagarles a las empresas adjudicatarias facturas sin contrato desde el año 2017".
Sobre los 3.375 contratos menores otorgados por Ribó y los concejales del PSPV, según Catalá, el informe recomienda disminuir su volumen y aconseja “una mayor planificación para evitar este tipo de contratación que mitigan la concurrencia y la competitividad”.
“El alcalde y sus concejales han abusado de los contratos menores a dedo
y han dilatado la convocatoria de nuevos concursos públicos con prórrogas
que han frenado la pública concurrencia de las empresas”, ha declarado
Catalá, que ha señalando que también hay "reiterados pronunciamientos del Síndic de Greuges y de la Agencia Antifraude en los que le dicen a Ribó que estos abusos de los contratos a dedo, sin fiscalización previa, pueden derivar en fraccionamientos”.