El laberinto del archivo de la duquesa de Medina Sidonia

Cádiz

Esta semana Ciudadanos ha presentado una pregunta en el Parlamento Andaluz para interesarse sobre el nivel de ejecución de un proyecto largamente esperado, el de la digitalización del valioso archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia, donde se guardan algunos de los documentos más importantes de la historia de España. Esta pregunta ha devuelto a la actualidad el estado de este archivo, que está pendiente de una decisión judicial del Tribunal Supremo sobre si ratificar o no la sentencia de la Audiencia Provincial que dio la razón, en parte, a los hijos de la duquesa roja. El fallo judicial reveló que el reparto de la herencia había perjudicado a los hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, frente a su viuda y la propia Fundación. De esa sentencia hace más de un año y la tensión ha crecido en el interior de la sede ubicada en Sanlúcar de Barrameda, donde conviven ahora algunos de los protagonistas.

Fue en junio de 2018 cuando se conoció la decisión de la Audiencia Provincial que deba la razón a los hijos de la duquesa roja, Leoncio González de Gregorio, el actual duque; y también sus hermanos Pilar y Gabriel. El fallo judicial concluía que los hijos debían tener más derechos sobre los bienes de la herencia que había fijado una sentencia anterior de un juzgado de Sanlúcar de Barrameda en 2015. Entonces el abogado de Leoncio González cifró en 33'5 millones de euros el dinero que debía compensar lo cedido hasta ese momento por la Fundación, además de permitir que los hijos mantengan vinculación con la gestión del legado.

El entonces consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, se apresuró a decir, nada más conocer la decisión de la Audiencia Provincial, que no había riesgo puesto que el archivo contiene bienes públicos, protegidos e indivisibles.

El conflicto estriba en que la herencia que aquí se analiza no es solo dinero y propiedades, sino también la gestión de un patrimonio histórico de más de 700 años. En la sede de la Fundación Casa Medina Sidonia se guardan 6.314 legajos, con seis millones de documentos, donde se resumen episodios de la Historia con claves económicas, geográficas, territorial y políticas desde el siglo XII.

La batalla judicial emprendida tras la muerte de la duquesa roja no ha desbaratado la maraña que se cierne sobre el futuro del archivo. Al contrario, la ha ampliado. La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz no es firme, depende ahora del Supremo. Y este limbo legal de los últimos años suma ahora nuevos problemas, desde que el duque y su esposa se han instalado en la sede de la Fundación, en el palacio de los Guzmán. Allí conviven con el propio archivo y, aunque cada uno en estancias diferentes, con la viuda de la duquesa roja, Liliane Dalhmmann.

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La tensión que genera esta convivencia está dificultando, por ejemplo, el empeño de la Fundación en intensificar la difusión pública del archivo con visitas y actividades. Una tensión que también han experimentado y constatado los miembros del patronato de la Fundación, en el que están representados el Ayuntamiento de Sanlúcar, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central en su reunión de hace unos días.

La preocupación por el futuro del archivo es real. Por su futuro y por su presente. De ahí que representantes de la política y la cultura hayan comenzado a moverse para poner, de nuevo, el foco, sobre este legado y alertar de los riesgos que se ciernen sobre él. Nadie sabe a ciencia cierta cuál será la solución final. Cómo poder gestionar algo tan único y sensible entre disputas, miedos, enfrentamientos, recelos y creciente tensión. Y no todo pueden resolverlo los juzgados. Lo que diga el Supremo puede inclinar la balanza, pero puede no ser suficiente. La sentencia definitiva puede dar pistas, pero no la salida definitiva a este laberinto.