Rodríguez pide que sean las Cortes quien autorice al Gobierno el desbloqueo autonómico

Santa Cruz de Tenerife

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha tildado de "muy mala noticia" el dictamen del Abogado del Estado en el que se establece que un gobierno en funciones no desbloquear los fondos para la financiación autonómica.

"Es una muy mala noticia porque esos recursos son fundamentales para las Comunidades Autónomas y condicionan sus intereses y la prestación de los servicios esenciales. Se debe superar esta situación por la vía de las Cortes Generales que están en actividad plena y tienen capacidad para elaborar cualquier norma. Estoy convencido de que hay cobertura para tomar una iniciativa legislativa exprés autorizando al gobierno a que haga las transferencias y tengo la impresión de que no habrá ningún grupo que se oponga a esto", señaló Román Rodríguez. En cuanto a las exigencias realizada por los barones del PP para que Pedro Sánchez convoque de urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Rodríguez no se ha posicionado de forma expresa y ha informado de que este jueves acudirá a Madrid junto en el presidente canario, Ángel Víctor Torres, para mantener una reunión con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero para exigir la transferencia de los más de 200 millones que se adeudan a las Islas

Canarias ha reclamado, en su último Consejo de Gobierno del 14 de agosto, al Ejecutivo central los 223 millones de euros de entregas a cuenta, así como 150 millones de euros de los fondos europeos que, primeramente adelanto, y para recibirlo tiene que certificarlos; además de 49 millones de euros del Fondo de Compensación Interterritorial. A ello se añade la solicitud al Gobierno de 41,6 millones de euros, que es de la adenda del convenio de carreteras 2006/2017, así como insta al Ministerio de Fomento y de Hacienda a liquidar una parte de la sentencia del Tribunal Supremo de la deuda de aproximadamente 500 millones de euros que el Estado tiene con Canarias por los incumplimientos del convenio de carreteras durante la época de crisis, y que cifran en al menos 144 millones de euros sin que compute en la regla de gasto.