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Depuradora

Hermanos Villar presenta una batería de alegaciones a la depuradora

Si son desestimadas recurrirán a los tribunales

Terrenos de la depuradora / Cadena Ser

Terrenos de la depuradora

Soria

La empresa Hermanos Villar, propietarios de los terrenos donde se pretende construir la depuradora ha presentado una batería de alegaciones al proyecto. El portavoz de la empresa ganadera, Daniel Villar, alerta de que hay multitud de irregularidades tanto en lo referente a la depuradora como al túnel emisor “porque hay muchas deficiencias”. Precisamente, el túnel sería el proyecto que presenta más inconvenientes porque atraviesa varios acuíferos que suministran a los rábanos y a la propia explotación ganadera “lo que implica que puede haber un peligro para la salud de los habitantes”.

En cuanto a la depuradora, Villar advierte que la legislación no permite que esté construida tan cerca de las naves de la explotación. “Si se construye, una de las dos edificaciones será ilegal porque no pueden convivir” y es que por ordenamiento jurídico no pueden estar a menos de mil metros y en algunos casos la distancia es de doscientos metros.

Además de estas alegaciones técnicas, también se han presentado alegaciones administrativas.

El proyecto contempla errores como por ejemplo la presencia del Ayuntamiento de Golmayo cuando “hace meses se descolgó del convenio”. En el caso de que se rechacen las alegaciones como se han rechazado en los procesos anteriores, la empresa Hermanos Villar denunciará a Acuaes en los tribunales.

Hermanos Villar factura al año ocho millones de euros. En sus granjas hay 2480 cerdas madres y casi 10.000 plazas de cebo para engorde. La empresa emplea en sus explotaciones a 25 trabajadores.

Recordemos que el pasado mes de marzo se firmó el acuerdo de la depuradora por la directora general de ACUAES, el alcalde de Soria, el de Los Rábanos, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La inversión de 60 millones de euros será financiada en un 35% por el Fondo FEDER de la Unión Europea, mientras que el 65 por ciento restante será abonado por el Ayuntamiento de Soria y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

 

 
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