Un millón y medio de euros por este edificio

Ávila

El Consejo de Cámaras de Castilla y León lleva siete meses estudiando y trabajando en el ámbito laboral, financiero, jurídico, de prestación de servicios, de atención a proveedores y usuarios para tratar de que la institución -con 119 años de historia- volviera a iniciar su actividad. Algo que no ha sido fácil, como explican, porque los cinco trabajadores de la entidad solicitaron la extinción de sus contratos y las puertas de la Cámara han permanecido cerradas.

La deuda total a la que tiene que hacer frente la institución asciende a 580 590 euros, de los que 408 101 corresponden al pago de salarios pendientes y extinción de contratos de los trabajadores mediante sentencia judicial. Mientras que 172 489 corresponden a proveedores entre los que se encuentran la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, el Consejo de Cámaras, el Ayuntamiento de Ávila (IBI) y otros particulares.

Ante la “asfixia económica sin financiación privada”, el Consejo de Cámaras recibió la notificación de la fecha de la subasta del edificio por parte de la Seguridad Social por importe de ejecución de deuda de 32 489, 71 euros.

Ante los últimos acontecimientos, y una vez formados los equipos de Gobierno en el Ayuntamiento y en la Diputación, el Consejo solicitó por registro a ambas entidades una reunión con los máximos responsables de las mismas con el fin de ofrecerles la sede cameral, por el valor de tasación de la Seguridad Social de 1 500 000 euros, con el objetivo de que el edificio pasara a activo institucional. Con ello, el Consejo pretende que el patrimonio con el que cuenta la Cámara quede en manos de los abulenses a través de las instituciones, ya que ese activo patrimonial que corresponde a la demarcación de la Cámara y, por lo tanto, a las más de 9 000 empresas censadas en la misma y evitar -así- una venta infravalorada o un uso inadecuado de las instalaciones.

En este sentido el Consejo mantuvo una reunión con los responsables del consistorio abulense, a quienes se les expliaron los pormenores de la situación señalada anteriormente con la documentación pertinente. La respuesta fue negativa.

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Esta misma línea se prevé exponer a la Diputación, cuya reunión se mantendrá en los próximos días.

Mientras, la subasta se celebrará el 7 de agosto en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El asunto ha llegado hasta la sesión plenaria de este viernes, en el Ayuntamiento. En este foro, todos los grupos de la oposición han preguntado al alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, por la postura que se adoptará por parte del consistorio.