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Memoria histórica

El Gobierno de la nación aportará 300.000 euros para la exhumación de la fosa común Pico Reja

Se calcula que hay 1.103 represaliados de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco

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Sevilla

El Gobierno de la nación aportará 300.000 euros para la exhumación de la fosa común Pico Reja, en la que se calcula que hay 1.103 represaliados de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, un compromiso que se materializará mediante un convenio.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha anunciado dicho compromiso tras la reunión que ha mantenido este viernes con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

En una comparecencia conjunta ante los periodistas al término de la reunión, Fernández ha dicho que ha "certificado" con el alcalde la voluntad del Gobierno central de firmar un convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Dirección General de Memoria Histórica, mediante el cual el Gobierno de la nación hará una aportación de 300.000 euros.

"El Ayuntamiento de Sevilla ha tenido el valor de afrontar un reto histórico como es la exhumación de la fosa común del cementerio de Sevilla de Pico Reja", ha resaltado el delegado del Gobierno.

El grupo municipal socialista avanzó ayer que pediría ayuda al Gobierno español, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla para pagar los 1,2 millones de euros que cuesta exhumar la fosa común Pico Reja.

Para ello, presentará una moción en el pleno municipal después de que el gobierno local licitara el contrato público para la exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de la fosa común de Pico Reja, radicada en el cementerio sevillano de San Fernando.

El Ayuntamiento de Sevilla considera que "no se podía esperar más" para la exhumación de los restos "después de tantos años de espera de las familias" y por eso licitó el contrato de los trabajos.

La moción explica que en la fosa común Pico Reja "no nos encontramos ante un enterramiento individual, sino colectivo, en el que la persona no es valorada en absoluto", y por ello "se prescinde de ataúd y se desecha la tradición habitual de los enterramientos, sean religiosos o no".

Los trabajos previstos pretenden devolver la individualidad a los cuerpos, y a los familiares la posibilidad de enterrar de forma digna, privada y de acuerdo con sus creencias y tradiciones "a aquellos familiares que el golpe de Estado les arrebató", explica la moción.

En 2017 comenzaron los trabajos para delimitar esa fosa común, en la que, según estimaciones del historiador José Díaz Arriaza, habría 1.103 cuerpos, señala el PSOE

 
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