Miembros de la plataforma 'Per un Sant Gregori legal' denuncian a algunos concejales por prevaricación en los trámites del PAI
Cadena SER
Castellón
Miembros de la plataforma 'Per un Sant Gregori legal' han denunciado por prevaricación a los concejales del Ayuntamiento de Borriana que votaron a favor de los trámites para reactivar el proyecto del PAI Golf Sant Gregori, uno de los proyectos urbanísticos más importantes de la provincia de Castellón. Como avanzó esta emisora, el Ayuntamiento de Borriana aprobará el jueves en el pleno ordinario la devolución de la condición de agente urbanizador a la mercantil, el paso necesario para que la empresa urbanizadora del PAI pueda licitar las obras.
El constructor y miembro de la plataforma 'Per un Sant Gregori legal', Vicente Monsonís, ha presentado junto a otros miembros, una querella por prevaricación contra los concejales que votaron a favor del acuerdo transaccional con la empresa y alerta con ampliarla por malversación de caudales públicos. Según ha explicado Monsonís en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón, el equipo de gobierno ha llevado adelante unos trámites, respaldados por unos informes de conveniencia que consideran que son ilegales. Monsonís, que conoce el proyecto desde que comenzó a gestarse hace 19 años, asegura que la primera irregularidad ha sido la modificación de acuerdos del contrato original porque presuntamente infringe las reglas de licitación y la ley de contratos con las administraciones públicas; pero, uno de los más graves, en su opinión, es que a la mercantil se le quitó la condición de agente urbanizador por incumplimientos y ahora le han adjudicado el proyecto a la misma empresa.
Monsonís denuncia que el equipo de gobierno haya aprobado un acuerdo transaccional que no exige las expropiaciones de los terrenos que hay que llevar a cabo y lamenta que la empresa no garantice las condiciones económicas que requerirá el proyecto. Además, denuncia que el Ayuntamiento quiera devolver el aval de 9 millones de euros a Bankia, la entidad que avaló en su momento, para que se emita un nuevo aval al agente urbanizador. Un hecho que Monsonís considera gravisimo por ser dinero público.
El empresario señala que quiere que el PAI Sant Gregori salga adelante pero con la condición de que el Ayuntamiento saque a concurso el proyecto y se pueda presentar un agente urbanizador con capacidad económica.
El juez ha admitido a trámite la querella por prevaricación y ha citado a declarar a algunos concejales la semana después de las elecciones. Monsonís advierte que ampliarán la querella por malversación de caudales públicos contra los concejales que voten a favor o se abstengan en el nuevo trámite.
