La mina y los canallas
La opinión de Ángel Santiago Ramos (12/4/2019)
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León
Dieciocho años se han necesitado para que el empresario minero Victorino Alonso se siente en el banquillo de la Audiencia Provincial como acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Este es uno de los ejemplos que a los ciudadanos de a pié nos hace pensar que la justicia no es igual para todos.
Alonso, durante muchos años el mayor empresario de la minería de este país, se ha ido librando de los juzgados y de las condenas si las hubiera, a base de enredos, trampas y ayudas procesales. En el camino hasta este juicio sobre la explotación de la mina del Feixolín, en Villablino, ha habido connivencias políticas que no deberíamos olvidar.
En el baile empresarial de Victorino Alonso han participado generosamente alcaldes como Guillermo Murias o Ana Luisa Durán. Políticos como Angel Villalba o Miguel Martínez, que ocuparon importantes cargos en el staff orgánico de los socialistas leoneses. Por recordar, la MSP fue adquirida por este empresario siendo presidente de CajaEspaña, entidad entonces decisiva en la operación de venta, el mencionado Angel Villalba. Y la Junta de Castilla y León ignoró durante años las denuncias y la ausencia de control y permisos de explotación minera a cielo abierto del Feixolín.
El ex alcalde Murías, empleado minero de la MSP, e igualmente encausado, se atreve sin sonrojo alguno a calificar las acusaciones del fiscal “como un insulto a la inteligencia”. Victorino Alonso, que ha usado sólo y en compañía los peores senderos del encanallamiento como práctica empresarial y humana, tiene los huevos de decir en sala que el señor Arias Tronco, autor de la acusación, “es un hombre violento que nos ha hecho la vida imposible”.
Si hay alguna historia negra en esta provincia merecedora de ser investigada y contada, sin duda que la vida y milagros de este personaje sería la primera.
