Los Carriles llevaran a Alcobendas a su tope de techo poblacional
El último gran desarrollo de Alcobendas se reduce de 14.500 a 8.600 viviendas y aumenta la zona verde de transición a Valdelatas
Infografía del proyecto de Los Carriles en Alcobendas / Ayuntamiento de Alcobendas
Alcobendas
Desde el año 2004 en el que PP, PSOE e IU aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana que incluía este desarrollo urbanístico, los ecologistas han reclamado su retirada en numerosas ocasiones al estar en los límites del Monte de Valdelatas y suponer “una mayor presión para el entorno natural protegido del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares”.
El plan inicial contemplaba 14.500 viviendas de 5 plantas de altura, el proyecto aprobado hoy ha reducido un 17% la edificabilidad y ese número de viviendas a 8.600, 3.870 de ellas protegidas (45%). Adicionalmente, se construirán mil viviendas de alquiler social dotacional. Además, el Partido Popular modificó el proyecto para generar una barrera natural de más de 200.000 metros cuadrados con una anchura media de 150 metros de colindancia con el Monte de Valdelatas. Además, contempla que las alturas de los edificios irán decreciendo desde el casco urbano– con hasta cinco alturas – hasta el Monte de Valdelatas donde las viviendas serían de una sola altura. Todo el desarrollo recoge además más de 700 mil metros cuadrados de zonas verdes.
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Las últimas grandes modificaciones para estos 2,2 millones de metros cuadrados de suelo recogían las demandas del resto de partidos y son principalmente la supresión de las viviendas unifamiliares en centro y sur, la ampliación de la zona verde de transición al Monte de Valdelatas y la introducción de la construcción por etapas. Esta última modificación recoge que hasta que no se haya ejecutado, al menos, el 70% de la zona norte – donde se condensan 2.610 viviendas de protección oficial - no se avanzará en la siguiente área.
Recordemos que, en septiembre de 2018, la Asociación Administrativa ‘Los Carriles’ de Alcobendas, que ahora ha hecho suyo el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos aprobado en el pleno, demandó al ayuntamiento por no llevar adelante el plan parcial. Los propietarios siempre han alegado que sus terrenos están ya sectorizados y declarados urbanos en el PGOU. En esta denuncia reclamaban 3 millones de euros por el coste que ha tenido adaptar el proyecto a las exigencias municipales y otros 20.000 millones de euros por cada año que se retrasase la aprobación.
