Las empresas del sector de la dependencia recurrirán en los tribunales el nuevo decreto del Gobierno

Santander

Las empresas que prestan servicios en materia de dependencia en Cantabria llevarán a los tribunales el reciente decreto aprobado por el ejecutivo para cambiar la normativa del sector. Fuentes de esos colectivos que agrupan a más de 80 empresas confirman a la SER que los servicios jurídicos trabajan para articular un recurso ante una nueva ley que, aseguran, podría ser muy perjudicial para la supervivencias de residencias o centros que atienden a personas dependientes, unas 5.200 en la región, a las que atienden 2.300 empleados.

Decreto que contempla nuevos requisitos y precios y que las empresas rechazan frontalmente. Las tres asociaciones que representan al sector de las residencias pedirán, a través de un recurso en el juzgado, la derogación de la normativa. Durante todo el día de hoy se están manteniendo reuniones, comendadas por la Federación Empresarial de la Dependencia, Lares Cantabria y PAD Cantabria y a última hora de la tarde se anunciará la interposición de ese recurso, que se llevará a la justicia probablemente durante las próximas dos semanas.

Aseguran que el nuevo decreto maquilla "cuatro años de abandono hacia el sector" y esperan que sean los tribunales, incluso un nuevo gobierno autonómico a partir del mes de mayo, los que "entren en razón" y se negocie una ley entre todos los sectores de la dependencia.

Acusan a la consejería de Eva Díaz Tezanos de aprobar una medida "de cara a la galería" y omitir la falta de coordinación socio-sanitaria, la inseguridad jurídica, la sobrecarga burocrática o la desigualdad en la prestación del servicio. Además de que muchos centros tendrán que ejecutar inversiones millonarias que podrían suponer "la ruina" para una gran parte de ellas.